Este martes marcó un antes y un después en la discusión de la Ley de Presupuesto 2025, cuando la Cámara de Diputados dio un vuelco inesperado al aprobar una glosa que obligará al Presidente Gabriel Boric y a sus ministros a realizarse exámenes de drogas de manera semestral.

La iniciativa, presentada por el diputado Juan Antonio Coloma, secretario general de la UDI, generó un intenso debate entre los legisladores. "El Presidente de la República, sus ministros de Estado y subsecretarios deberán someterse a un control de consumo de sustancias o drogas estupefacientes o psicotrópicas ilegales", reza la observación que muchos interpretaban como una provocación, sobre todo entre los representantes del oficialismo.

Inicialmente, esta disposición fue tildada de inadmisible por el secretario general de la Cámara, Miguel Landeros, quien argumentó que la glosa no se alineaba con los principios fundamentales de la Ley de Presupuesto y que se trataba de una competencia exclusiva del Ejecutivo. Sin embargo, Coloma exigió que se votara su admisibilidad, lo que llevó a una sorprendente votación preliminar.

No solo la oposición se unió a la causa; también varios diputados oficialistas de los grupos PPD-Independientes y la bancada Liberal respaldaron la medida, logrando así 75 votos a favor. Algunos miembros de la Democracia Cristiana (DC) e independientes aliados del gobierno también se pronunciaron a favor, mientras que un grupo de socialistas decidió ausentarse o abstenerse.

Tras superar la postura inicial de inadmisibilidad, la norma fue finalmente votada y obtuvo 81 votos favorables, con el apoyo de la diputada Karol Cariola y otros legisladores oficialistas. Un respaldo notable vino del presidente de la Cámara y candidato del Partido Liberal, Vlado Mirosevic, quien al igual que Cariola, es cercano al gobierno.

Entre los que apoyaron la medida se encontraban figuras clave como la jefa de la bancada Ind.-PPD, Camila Musante, y otros destacados legisladores de distintos signos políticos, lo que demuestra un inusual consenso en torno a la iniciativa.

Sin embargo, no todos estuvieron de acuerdo. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, expresó su oposición a la medida, señalando que había reservas de constitucionalidad, lo que refleja la controversia que rodea esta decisión.

Como consecuencia de esta votación, surgieron críticas tanto en el ámbito político como social, y muchos se preguntan: ¿se trata de un paso hacia la transparencia o de una medida innecesaria? La discusión continúa entre los partidarios que ven a la medida como una forma de garantizar la integridad de los altos funcionarios y aquellos que consideran que esto podría abrir la puerta a abusos de poder y estigmatización.