En Japón, un país famoso por su longevidad y su impresionante desarrollo tecnológico, hay una crisis oculta que afecta gravemente a su porción más vulnerable de la población: los ancianos. La soledad y el aislamiento social han llevado a numerosas personas mayores a cometer delitos menores, buscando así ser encarceladas, donde encuentran la estabilidad, atención médica y compañía que les falta en sus vidas fuera de las rejas. Esta curiosa pero trágica tendencia refleja problemas sociales profundos en una sociedad que envejece rápidamente.

Akiyo, una mujer de 81 años, fue condenada por robo de alimentos. En una impactante entrevista, expresó: “Quizás esta vida sea la más estable para mí”. En prisión, cuenta con comidas regulares y atención sanitaria, además de un sentido de pertenencia que nunca experimentó en el exterior. Su historia es solo una de muchas; cada vez más ancianos eligen delinquir, como el hurto, para escapar de la pobreza y el abandono.

La prisión de mujeres de Tochigi, situada al norte de Tokio, ilustra esta inquietante realidad. En esa instalación, una de cada cinco internas tiene más de 65 años. Este fenómeno, aunque alarmante, se ve arraigado en los profundos retos sociales que enfrenta Japón, especialmente dado su modelo de pirámide poblacional invertida y un sistema de bienestar social que resulta inadecuado.

De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), un 20% de los japoneses mayores de 65 años vive en condiciones de pobreza, muy por encima del 14.2% que se reporta en otros países miembros. Para muchos ancianos, la pensión que reciben no resulta suficiente para cubrir sus necesidades básicas, incluyendo alimentación, medicinas y vivienda.

“Si hubiera tenido una situación financiera estable, nunca lo habría hecho”, confiesa Akiyo a medios locales. Ella robó comida porque solo le quedaban menos de $40 para subsistir durante dos semanas. Su caso es un ejemplo claro de la desesperación de aquellos cuyas necesidades no son atendidas por el sistema.

El hurto se ha convertido en el delito más común entre los ancianos encarcelados en Japón. En el año 2022, más del 80% de las mujeres mayores en prisión fueron condenadas por este tipo de delitos. La reincidencia es frecuente y muchos enfrentan penas prolongadas, perpetuando un ciclo de pobreza y encarcelamiento.

Para algunos ancianos, la vida en prisión es más atractiva que la libertad. Dentro de las paredes de la cárcel, tienen acceso a tres comidas al día, atención médica gratuita y compañía. Estos servicios, que deberían ser garantizados fuera, constituyen un lujo fuera de alcance para muchos en su vida cotidiana.

Yoko, una interna de 51 años que ha pasado por prisión en cinco ocasiones por delitos relacionados con drogas, observa que cada vez que regresa, la población parece más envejecida. “Algunas personas hacen cosas malas a propósito para que las atrapen y puedan volver aquí”, explica. Su testimonio resalta cómo el sistema penitenciario se convierte en un refugio para quienes no tienen otra opción.

Sin embargo, este cambio demográfico también presenta dificultades para las prisiones. Los guardias y el personal ahora deben asumir responsabilidades que van más allá de la seguridad, como atender las necesidades de los internos mayores, lo que incluye cambiar pañales, bañar y alimentar a los reclusos. Megumi, una oficial que trabaja en el sistema, admite: “Ahora parece más un hogar de ancianos que una prisión.”

La reincidencia entre ancianos también está relacionada con la falta de apoyo tras su liberación. Muchos exconvictos no tienen familias o son rechazados por ellas debido a su historia criminal. Akiyo, quien salió de prisión en octubre de 2024, teme enfrentar a su hijo, quien una vez le dijo: “Ojalá desaparezcas.”

Japón ha tomado algunas medidas para abordar esta problemática creciente. Se han implementado programas de reintegración social, apoyo comunitario y beneficios de vivienda en diez municipios. Sin embargo, la eficacia de estas iniciativas es limitada y los recursos son insuficientes para satisfacer la creciente demanda de una población que sigue en envejecimiento.

La situación de Akiyo y muchos otros ancianos que eligen el encarcelamiento resalta la urgente necesidad de reformas estructurales en la atención y el apoyo a personas mayores en Japón. De no prestarse atención a estas realidades, el país podría enfrentarse a una crisis aún mayor en el futuro.