En medio de acaloradas discusiones sobre el Presupuesto para el año 2025, el diputado de Renovación Nacional, Frank Sauerbaum, ha resucitado el debate sobre la necesidad de separar la Pensión Garantizada Universal (PGU) de la reforma previsional en Chile. Esta controversia emerge justo después de que una comisión mixta aprobara la partida correspondiente al Ministerio del Trabajo y Previsión Social.

Desde septiembre, Sauerbaum ha sido un firme defensor de esta idea, que ha cobrado relevancia nuevamente. La PGU, diseñada para proporcionar un suelo mínimo de ingresos para los jubilados, ha experimentado retrasos en su implementación a causa de su integración en la discutida reforma previsional, que aún se encuentra en proceso en la Comisión de Trabajo del Senado.

La Ley de Cumplimiento Tributario, que busca financiar un aumento de la PGU a 250 mil pesos, fue aprobada con grandes expectativas de rápida aplicación. Sin embargo, estos planes han chocado con la lentitud del proceso reformista, lo que ha llevado a la senadora independiente Alejandra Sepúlveda a considerar la propuesta de Sauerbaum, aunque subrayó que no era el objetivo original de la reforma.

Desde el Gobierno, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, ha respondido a estas inquietudes, calificando la posición del diputado como "contradictoria". Además, comunicó que esperan despachar la reforma previsional para diciembre de este año, un paso crucial frente a la creciente presión social y política por mejorar las pensiones en Chile.

La ministra del Trabajo, Jeannette Jara, también se pronunció, señalando que hay otros temas críticos sobre la mesa, incluyendo el futuro de las AFP (Administradoras de Fondos de Pensiones) y la distribución del 6% de cotización adicional, lo que genera un ambiente de incertidumbre sobre la dirección que tomará el sistema de pensiones chileno.

Con el aumento de las inquietudes sociales y la necesidad de reformas significativas en el sistema previsional, el debate sobre la PGU es más relevante que nunca. Las próximas semanas serán decisivas para determinar si Chile avanzará hacia un modelo de pensiones más equitativo y sostenible.