Un escándalo ha sacudido los cimientos de la Universidad San Sebastián (USS) tras revelar que existen sueldos ocultos para un grupo selecto de políticos de derecha. La controversia estalló cuando El Mostrador dio a conocer el exorbitante salario de Marcela Cubillos, exministra y exconstituyente, por su vinculación con la institución educativa durante cuatro años.

La USS albergaba una “nómina privada”, un listado clandestino de sueldos que incluye no solo a altos directivos, sino también a más de una decena de políticos de la derecha chilena. Muchos de ellos fueron incorporados a la universidad por el fallecido Luis Cordero Barrera, antiguo presidente de su junta directiva, luego de concluir sus funciones en el segundo gobierno de Sebastián Piñera.

Javier Valenzuela Acevedo, el prorrector de la USS y representante legal de la institución, supervisa esta nómina con total discreción. Valenzuela, además, forma parte del directorio de la Universidad Gabriela Mistral y del Instituto Profesional San Sebastián, lo que le otorga un poder considerable en el ámbito educativo.

De acuerdo con fuentes internas, la incorporación de estos políticos a la USS seguía un patrón similar. Después de conversaciones con figuras prominentes de la UDI, eran contratados para desempeñar roles poco claros al principio, percibiendo sueldos elevados, sin una función académica definida. Con el tiempo, sus roles se formalizaron, como en el caso de Andrés Chadwick, que empezó sin funciones específicas y terminó siendo decano de la Facultad de Derecho y presidente de la junta directiva.

Entre otros nombres que aparecen en esta lista secreta, están Enrique Paris, exministro de Salud; Rodrigo Ubilla, exsubsecretario del Interior; y Felipe Ward, exministro de Vivienda. Muchos de ellos son figuras clave en la política chilena y tienen un rol relevante en la sociedad actual.

Un caso particular resalta: el de Fernanda Frías, quien era parte del círculo cercano de Andrés Chadwick en la universidad. Aunque Frías es ingeniera comercial y no abogada, logró acceder a una posición en la Facultad de Derecho gracias a su cercanía con Marcela Cubillos, a quien ha asistido en diversas funciones, incluyendo su paso por la Convención Constitucional. Se ha informado que Frías, en su labor como asistente, cobró cerca de $3 millones mensuales de la USS, a pesar de no realizar contraprestaciones académicas.

La relación familiar también es reveladora: Frías es esposa de Tomás Fuentes, quien ha sido colaborador cercano de Andrés Allamand, marido de Cubillos, intensificando aún más la red de conexiones políticas y laborales en la que se mueven. Cuando se le consultó sobre las acusaciones, Frías las desestimó como “imposibles”, pero no proporcionó evidencia que desvirtuara las afirmaciones.

Además, los rumores sugieren que ha habido pagos análogos a constituyentes de derecha que se opusieron al primer texto constitucional, aumentando las interrogantes sobre la transparencia de la institución.

La ley 21.091 sobre Educación Superior estipula que las instituciones educativas deben proporcionar información clara y accesible a la sociedad, garantizando la transparencia y rendición de cuentas. Sin embargo, el silencio del prorrector Valenzuela ante las consultas sobre la nómina privada deja muchas dudas sobre el cumplimiento de estas normativas.

El Consejo Superior de la USS se reunirá en las próximas horas para abordar esta crisis que amenaza no solo la reputación de la universidad, sino también la confianza pública en el sistema educativo.