A más de una semana del controvertido allanamiento ordenado por el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, en el hogar de la diputada Karol Cariola (PC), las repercusiones políticas y sociales continúan en pleno auge.

El fin de semana, Cariola anunció que ha fichado al abogado Juan Carlos Manríquez para su defensa en el marco de una investigación que se deriva del caso Sierra Bella. Desde que asumió el caso, Manríquez ha lanzado una ofensiva en contra del fiscal y los detectives de la Policía de Investigaciones (PDI), quienes realizaron el allanamiento el mismo día en que la diputada dio a luz a su primer hijo. Esto ha generado críticas sobre la falta de consideración de los investigadores.

La diputada comunista también dio a conocer que planea llevar su caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), argumentando que lo sucedido es “una gran violación de derechos”. En un post en sus redes sociales, señaló: “No dejaré que esto afecte a mi hijo Borja ni a los niños y niñas de nuestro país. Seguiremos adelante.”

Sin embargo, el fiscal Cooper defendió su decisión, alegando que la urgencia del allanamiento se debía a que la exalcaldesa de Santiago, Irací Hassler, había tenido acceso a un informe de la PDI que contenía conversaciones potencialmente delictivas entre ella y Cariola, lo que ponía en riesgo la investigación.

La situación legal de Cariola es compleja, ya que el caso se encuentra todavía en la etapa de investigación. Consultados sobre este tema, juristas expertos en derecho constitucional han señalado que es factible que la diputada recurra a la CIDH, aunque existe un debate sobre la necesidad de agotar las instancias en tribunales chilenos antes de hacerlo.

La abogada defensora de Derechos Humanos, Karinna Fernández, subrayó que, aunque el agotamiento de recursos internos es importante, no es un requisito absoluto antes de presentar una solicitud ante la CIDH. Expresó que el sistema interamericano permite iniciar ese proceso en paralelo.

Por otro lado, Jesica Torres, profesora de la Clínica Jurídica de la Universidad de Chile, explicó que la diputada podría solicitar medidas cautelares en la CIDH, las cuales protegerían sus derechos y los de su hijo. Sin embargo, señaló que esto requeriría que se demuestre un peligro inminente, un desafío que podría ser complicado.

En contraste, el abogado Javier Couso de la Universidad Católica sostiene que Cariola debería primero agotar los recursos judiciales en Chile antes de ir a instancias internacionales. Argumenta que el artículo 46 de la Convención Americana de Derechos Humanos es claro al respecto, aunque también menciona que el allanamiento realizado fue una decisión con “falta de criterio grave”.

Otros expertos jurídicos coinciden en que la acción del fiscal podría haberse llevado a cabo de manera inapropiada, y que Cariola cuenta con recursos legales para avanzar en ambas vías, nacionales e internacionales, especialmente considerando que es una parlamentaria electa democráticamente. De llegar a ganar su caso en la CIDH, podría obtener una indemnización significativa por la violación de sus derechos.

Este caso se seguirá desarrollando y no solo podría afectar la carrera política de Cariola, sino también abrir un debate más amplio sobre la protección de derechos humanos y el funcionamiento del sistema judicial en Chile.