La presidenta de Perú, Dina Boluarte, ha revelado este lunes que está considerando seriamente la implementación de la pena de muerte como respuesta a la alarmante ola de violencia que azota al país.

Esta propuesta surge a raíz del brutal asesinato de Paul Flores, el vocalista de la orquesta ‘Armonía 10’, quien fue víctima de un ataque a balazos mientras se trasladaba en bus por San Juan de Lurigancho, un distrito conocido por su alta criminalidad.

Durante la inauguración del año escolar en el colegio Imperio del Tahuantinsuyo, la presidenta Boluarte condenó enérgicamente a los responsables de estos crímenes, calificándolos de "malditos asesinos" y enfatizando que no permitirán que los sicarios "manchen de sangre" a las familias peruanas. "Lo digo a viva voz. A estos malditos asesinos les digo que estoy pensando seriamente en la pena de muerte, porque no vamos a permitir un muerto más de un peruano que trabaja honradamente", declaró Boluarte con firmeza.

La mandataria reiteró su compromiso de erradicar la violencia, advirtiendo que el Gobierno no aceptará más muertes y que está dispuesta a aplicar la pena capital en casos de delitos graves. Su discurso refleja la creciente preocupación de la población ante el aumento de crímenes violentos que han sacudido diversas regiones del país.

Evidentemente, esta no es la primera vez que la presidenta toma en consideración la pena de muerte. Anteriormente, en diciembre del año pasado, Boluarte había manifestado su intención de aplicar esta medida para los violadores de menores, lo que generó un intenso debate en la sociedad peruana tras el asesinato de una niña de 12 años que conmovió al país.

En la actual crisis, el ministro de Educación, Morgan Quero, ha comparado la situación a un "terrorismo urbano" y ha hecho un llamado para que el Gobierno, el Congreso y la ciudadanía se unan en la lucha contra la violencia. También mostró apoyo a Juan José Santiváñez, ministro del Interior, ante las críticas que ha recibido, pidiendo al Congreso que le brinde la oportunidad de explicar sus esfuerzos en la lucha contra la delincuencia.

Es importante señalar que, para que Perú pueda aplicar la pena de muerte, tendría que desvincularse del Pacto de San José de Costa Rica, que prohíbe este tipo de castigo en casos de delitos graves. La controversia en torno a este tema sigue creciendo en la sociedad peruana mientras se debate la mejor forma de hacer frente a la creciente ola de criminalidad que afecta a la nación.