Este domingo, el Gobierno de Perú reveló planes para declarar el estado de emergencia en Lima Metropolitana y Callao en respuesta a una ola de violencia que ha dejado al país en estado de shock. La medida incluye el despliegue de las Fuerzas Armadas para apoyar a la Policía Nacional, una acción que subraya la gravedad de la situación.

El primer ministro, Gustavo Adrianzén, compartió la noticia a través de la red social X, destacando que esta decisión se tomó tras una reunión crucial en el Palacio de Gobierno. La crisis se intensificó tras la trágica muerte de Paul Flores, un cantante de cumbia muy querido, quien perdió la vida tras un ataque armado contra el autobús de su grupo en una carretera de Lima.

“Se ha decidido declarar el estado de emergencia en nuestras principales ciudades, un paso necesario para combatir este crecimiento criminal. Las Fuerzas Armadas estarán trabajando de la mano con nuestras fuerzas policiales”, indicó Adrianzén.

Además, se anticipa una reunión del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec) para este martes, donde se discutirán nuevas políticas de seguridad y una reforma completa del sistema penitenciario, buscando así fortalecer las estructuras que enfrentan el crimen organizado. “Todos debemos unir esfuerzos, superando diferencias, en la lucha por la seguridad de nuestros ciudadanos”, agregó.

La tragedia de Paul Flores, conocido por su carisma y habilidad en el escenario, ha despertado un torrente de indignación y demandas de justicia por parte de la población. No solo ha llevado a un llamado a la renuncia del ministro del Interior, Juan José Santiváñez, por parte de varios partidos políticos, incluido Fuerza Popular, sino que también ha evidenciado un descontento creciente hacia el manejo de la seguridad pública por parte del gobierno.

La diputada opositora Susel Paredes anunció que ha reunido suficientes firmas para presentar una moción de censura contra Santiváñez, enfatizando que “la discusión en el Congreso definirá quién está verdaderamente comprometido con el bienestar del país”. La moción ha captado apoyo de un crisol de fuerzas políticas, reflejando el amplio descontento social.

El respaldo a la destitución de Santiváñez por parte de grupos como Renovación Popular y Avanza País marca un cambio significativo, mostrando que la presión popular está, efectivamente, forzando a los partidos a tomar una posición clara ante la creciente inseguridad.

Este dilema de seguridad se complica aún más al revelarse que el grupo musical Armonía 10 podría haberse visto involucrado en situaciones de extorsión, ya que informes locales sugieren que delincuentes estaban exigiendo pagos a cambio de protección.

La población se encuentra ante una encrucijada y el Gobierno tiene pocas horas para demostrar que puede tomar medidas efectivas en medio de un ambiente de creciente desconfianza. ¿Logrará el gobierno de Dina Boluarte y su equipo restablecer la paz en el país o se enfrentará a un estallido social aún mayor? La incertidumbre sigue latente en las calles de Perú.