La investigadora argentina Patricia Tappatá, defensora de los derechos humanos en diversas regiones del mundo, es actualmente parte de la Misión internacional independiente de determinación de los hechos de la ONU sobre Venezuela. En su más reciente informe, Tappatá alerta sobre el preocupante incremento de violaciones a los derechos humanos bajo el régimen de Nicolás Maduro, quien ha intensificado sus esfuerzos para silenciar a la oposición pacífica.

La situación ha empeorado drásticamente luego de las elecciones presidenciales del 28 de julio, donde el Consejo Nacional Electoral proclamó a Maduro como ganador con un 51,9% de los votos. Denuncias de fraude por parte de la oposición han llevado a Tappatá a hacer un llamado a la comunidad internacional para no bajar la guardia y seguir monitoreando el contexto de derechos humanos en Venezuela.

En una entrevista, Tappatá subraya que en el último período se han documentado 1.260 detenciones, aunque el gobierno menciona más de 2.200, incluyendo a 140 niños. Las acusaciones contra los detenidos son variadas, a menudo relacionadas con terrorismo y violencia política, y se imponen penas draconianas a quienes se enfrentan al régimen.

Uno de los aspectos más alarmantes es la violación sistemática del debido proceso. Las detenciones se realizan sin órdenes judiciales, y muchas veces los detenidos no son informados de las razones de su arresto ni se les permite ver a un abogado. Esto crea un entorno donde los familiares quedan en la incertidumbre sobre el paradero de sus seres queridos.

Tappatá destaca también la inquietante realidad de los niños detenidos. Los menores son arrestados con frecuencia en situaciones de protesta, a menudo sin ser partícipes activos. Sus testimonios revelan condiciones de detención deplorables, donde son expuestos a un entorno de violencia.

En relación con las protestas post-electorales, se informaron al menos 25 muertes, todas por disparos de armas de fuego. Sin embargo, no se ha podido identificar a los responsables de estas muertes, lo que evidencia la opacidad y la impunidad que prevalece en el país.

El informe de la Misión de la ONU enfatiza que las violaciones a los derechos humanos no son actos aislados, sino el resultado de una política sistemática del gobierno venezolano para reprimir a la población. Tappatá señala que esto ha sido una constante en la administración de Maduro, que busca desmantelar cualquier forma de oposición y crítica al régimen.

La cadena de mando de estas violaciones llega hasta los niveles más altos del gobierno, incluyendo a Maduro y sus aliados cercanos. Tappatá afirma que la comunidad internacional debe mantenerse alerta y presionar para que se reestablezcan los derechos humanos en Venezuela. Se requiere un esfuerzo colectivo para facilitar un diálogo que permita abordar esta crisis humanitaria.

En cuanto a la situación de España, el diálogo entre Madrid y Caracas se vuelve cada vez más complicado, especialmente después de la llegada del opositor Edmundo González y la reciente detención de dos ciudadanos españoles en Caracas. La presión sobre el gobierno venezolano para que rinda cuentas por sus violaciones a los derechos humanos es más crucial que nunca.