Parlamentarios de la Comisión de Seguridad en ambas Cámaras han demandado con urgencia la aceleración de la tramitación de los proyectos de Reglas de Uso de la Fuerza e Infraestructura Crítica tras una alarmante ola de homicidios en el país. En un contexto marcado por el temor y la inseguridad, el último fin de semana tuvo un saldo trágico de cinco homicidios en diversas regiones, incluyendo la Metropolitana y Arica.

Lo que agrava esta situación es que el gobierno no ha actualizado las cifras oficiales de homicidios desde junio del año pasado. Esta falta de información ha llevado a los parlamentarios a cuestionar la transparencia del Ejecutivo, que mantiene los datos completos de 2024 en el limbo.

La subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao, ha prometido que los nuevos datos estarán disponibles en las primeras semanas de abril, lo que ha generado expectativas entre los legisladores.

La diputada Gloria Naveillán, presidenta de la Comisión de Seguridad, ha sido especialmente crítica, apuntando hacia la erraticidad de las cifras y la falta de un compromiso sólido con la seguridad pública. La presión sobre el gobierno crece, ya que la violencia sigue en aumento.

El diputado independiente-PPD, Jaime Araya, se ha unido a la llamada por un actuar más rápido del Gobierno, insistiendo en que la discusión de los proyectos de ley relacionados debe ser prioritaria.

El senador Manuel José Ossandón ha hecho eco de esta urgencia, sugiriendo que las fuerzas policiales deben estar mejor equipadas para enfrentarse a los delincuentes, incluso proponiendo que los inspectores municipales porten armamento no letal.

Esta creciente preocupación por la seguridad se ve amplificada por el espantoso caso de un matrimonio asesinado en Graneros, un incidente que ha reavivado el debate sobre la pena de muerte en ciertas facciones políticas del país. La candidata presidencial de la UDI y RN, Evelyn Matthei, sugirió que se debe abrir un diálogo sobre la reinstauración de la pena capital, recordando su postura en 2001 cuando votó en contra de su abolición.

Johannes Kaiser, del Partido Nacional Libertario, ha ido más allá al proponer un proyecto de ley que implemente la pena de muerte para quienes asesinen a funcionarios policiales o militares.

Por otro lado, José Antonio Kast, candidato de Republicanos, se ha mostrado en contra de la pena de muerte, defendiendo en cambio la cadena perpetua efectiva como una solución a esta crisis. Con este contexto de desesperación y demandas de cambio, el futuro de la seguridad pública en Chile parece necesitar decisiones audaces y medidas urgentes.