Un avance crucial en la lucha contra el narcotráfico

La Cámara de Diputadas y Diputados ha dado un paso trascendental al despachar al Senado un proyecto de ley que prohíbe a los abogados defensores de imputados por delitos graves, como narcotráfico y corrupción, recibir pagos en efectivo. Este polémico proyecto fue aprobado por unanimidad, obligando el uso de métodos rastreables como cheques y transferencias electrónicas, asegurando así el origen lícito de los fondos.

Una medida contundente contra el dinero sucio

El nuevo marco legal se aplica a los profesionales que defiendan acusados bajo la Ley 20.000 relacionada con drogas, delitos del Código Penal, y otras infracciones vinculadas al crimen organizado. Además, se incorpora la Unidad de Análisis Financiero (UAF) para monitorear estos pagos, lo que intensifica la vigilancia sobre las transacciones financieras.

Cautelares en la mira: hasta un año de suspensión

Los abogados que no se adhieran a estas nuevas exigencias enfrentan severas sanciones, con suspensiones de seis meses a un año. Sin embargo, se ha contemplado una excepción para los defensores de la Defensoría Penal Pública, lo que ha generado un debate intenso entre los legisladores.

Defensores aseguran que no se criminaliza el ejercicio profesional

El diputado Jaime Araya, uno de los impulsores de la iniciativa, defendió el proyecto argumentando que no se busca criminalizar a los abogados penalistas, sino garantizar que las defensas se realicen dentro del marco legal. "Es incomprensible que se financien honorarios millonarios con dinero proveniente de la venta de drogas", enfatizó Araya.

Una luz de esperanza frente a la corrupción

Durante el debate, legisladores de diversas corrientes expresaron su apoyo a la iniciativa, subrayando la importancia de cerrar espacios a la corrupción y al crimen organizado. Sin embargo, voces críticas advirtieron que los imputados pueden encontrar maneras de eludir esta regulación, generando escepticismo sobre su efectividad.

La esperanza de un cambio real en la justicia

Este proyecto de ley no solo busca traspasar el dinero ilícito, sino también establecer precedentes en la lucha contra las malas prácticas en el ámbito legal. Consciente de la gravedad de la situación, la nación mira con expectativa la evolución de este crucial debate en el Senado.