Un reciente escándalo judicial ha emergido que podría complicar aún más la situación de Cathy Barriga, exalcaldesa de Maipú, quien enfrenta serias acusaciones que podrían afectar los beneficios de su arresto domiciliario.

La periodista Cecilia Gutiérrez, quien destapó los hechos en el programa 'Hay Que Decirlo' de Canal 13, informó que Barriga fue mencionada en una investigación llevada a cabo en la Municipalidad de El Quisco, en la Región de Valparaíso. Según se ha revelado, una psicopedagoga del municipio confesó haber sido presionada por su jefa para manipular un informe relacionado con el hijo de Barriga. La presión consistía en falsear información sobre el tiempo que la psicopedagoga había estado atendiendo al menor y exagerar la necesidad de más terapias.

Esta controversia se intensifica al descubrir que la solicitud de crear informes falsos ocurrió el 9 de enero de 2024, apenas una semana antes de la crucial audiencia de formalización de Barriga. A pesar de que la exalcaldesa solicitó al tribunal un permiso para llevar a su hijo a El Quisco, dicha petición fue denegada en febrero.

Adicionalmente, se dio a conocer que la jefa de la psicopedagoga, quien estaba involucrada en esta trama, ofreció un soborno de $50 mil a la funcionaria para elaborar un informe fraudulento; sin embargo, la superiora recibiría $250 mil por hacer la mera conexión, sin siquiera tener que firmar el documento. Este intento de corrupción y manipulación ha dejado a la comunidad preocupada sobre las prácticas oscuras que podrían estar ocurriendo en la administración pública.

Cecilia Gutiérrez enfatizó en su informe que es vital abordar este tema con precaución, ya que la integridad del menor no está en duda, sino más bien la conducta de quienes deberían asistirle. El abogado Claudio Valdivia, quien también se encuentra involucrado en el análisis del caso, advierte que esto podría acarrear consecuencias legales para Cathy Barriga, ya que los hechos descubiertos en El Quisco podrían ser utilizados en su contra en la corte.

Esta nueva revelación no solo agrava la situación de Barriga, sino que también pone en discusión la ética en la administración pública y la protección de los derechos de los menores involucrados.