La exministra de Defensa, Maya Fernández Allende, ha presentado formalmente su defensa ante el Congreso Nacional en respuesta a la Acusación Constitucional (AC) relacionada con la fallida adquisición de la propiedad que perteneció al expresidente Salvador Allende, ubicada en Guardia Vieja.

En su escrito, la defensa argumenta que la responsabilidad política de un funcionario termina al abandonar su cargo y que, dado que Fernández Allende renunció el pasado 10 de marzo, la acusación carece de fundamento. Además, se señala que no hubo un contrato válido de compraventa entre la ex ministra y el Estado, ya que aunque se firmó una escritura pública en diciembre de 2024, faltaron pasos administrativos cruciales como la aprobación del decreto, la toma de razón y la inscripción registral. Se enfatiza que no se gastó dinero público, lo que refuerza su postura.

La defensa también critica la coherencia de algunos parlamentarios. Mencionan que aquellos mismos diputados que aprobaron la financiación para la compra del inmueble en la Ley de Presupuestos 2024 son los que ahora impulsan la acusación. Este detalle pone en entredicho la legitimidad de la acusación y el interés real de los acusadores.

Claudia Sarmiento y Elisa Walker, abogadas a cargo de la defensa, sostienen que Fernández Allende actuó como ciudadana y no en su función como ministra durante los eventos que precedieron la operación. Los actos en cuestión no dependieron de su cargo, lo que descarta, según el documento, cualquier posible conflicto de interés.

Asimismo, el escrito menciona casos anteriores de la Cámara de Diputados, como los de los exministros Beyer (2013) y Bates (2004), donde se requirió prueba de responsabilidad subjetiva (dolo o negligencia) para aplicar sanciones. Por el contrario, los acusadores fundamentan su postura en una “responsabilidad objetiva” que no está respaldada constitucionalmente.

La defensa también subraya que la Contraloría General de la República (CGR) validó la legalidad del Decreto Supremo N° 38 del Ministerio de Bienes Nacionales, que autorizó la compra. Este visto bueno institucional respalda la afirmación de que no hubo infracción del principio de probidad administrativa.

Además, se indica que la acusación ignora que este tipo de mecanismos constitucionales debe ser considerado como última ratio. La defensa recuerda que está en curso una Comisión Especial Investigadora sobre el mismo hecho, lo que convierte el proceso de acusación en redundante y prematuro.

Finalmente, el documento resalta que la operación estaba orientada a satisfacer un interés público al buscar preservar un bien patrimonial, argumentando que no existió jamás un beneficio personal ni perjuicio al patrimonio fiscal. Este aspecto es crucial, pues se alinea con la interpretación constitucional que intenta evitar conflictos de interés en las acciones gubernamentales.