La exministra Marcela Cubillos (UDI), actual candidata independiente a la alcaldía de Las Condes, ha desatado una ola de críticas y confusión tras sus declaraciones sobre su relación con la Universidad San Sebastián (USS). A pesar de su intento por defender su labor docente, la comunidad universitaria está en un estado de incertidumbre.

Recientemente, "El Mostrador Semanal" reveló que Cubillos tenía un contrato que le garantizaba un ingreso salarial de $17 millones brutos mensuales, una suma exorbitante que además se continuó pagando mientras la exministra residía en Madrid con su pareja, Andrés Allamand, actual líder de la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB).

En sus declaraciones, Cubillos intentó explicar su situación: "Sí, dejé un muy buen trabajo para asumir la candidatura en Las Condes", apuntando a que su labor en la USS inició en 2020 y concluyó en agosto de este año, enfocándose en "docencia e investigación". Sin embargo, su afirmación de haber sido una de las docentes mejor evaluadas ha sido recibida con escepticismo. Fuentes internas de la universidad manifestaron que no tienen claridad sobre su desempeño, incluso sugiriendo que nunca impartió clases ni realizó labores de investigación. Además, exigen que Cubillos muestre el permiso laboral correspondiente que le permitiría trabajar desde el extranjero, el cual, según afirman, "no existe".

El contexto se complica aún más cuando recordamos el escándalo de la Universidad San Sebastián relacionado con el caso Hermosilla, que ha afectado severamente la reputación de la institución. Internamente, hay un reconocimiento del alto costo político que representa para la universidad la vinculación de figuras clave en esta investigación, muchos de los cuales han tenido o tienen lazos laborales con la USS.

Personajes como el exministro del Interior, Andrés Chadwick, y miembros de la Corte Suprema, entre otros, están en el centro de la controversia. Se afirma que estos políticos tenían contratos favorables en la universidad pero no cumplían con las funciones esperadas. Las fuentes sugieren que había múltiples irregularidades en la gestión del personal docente.

El posible uso de la USS como una plataforma para influir en el poder político y judicial en Chile no ha pasado desapercibido. Según algunos críticos, esta práctica podría verse como una especie de "sala de espera" para politicos derechistas entre campañas electorales, aprovechando la universidad como fuente de ingresos adicionales.

Mientras la situación se desarrolla, la universidad ha optado por no hacer comentarios adicionales sobre el tema, dejando abiertas muchas preguntas sobre la transparencia y la ética en la educación superior en el país.