Los cuatro casos penales que pesaban sobre Donald Trump, candidato republicano en las recientes elecciones de EE.UU., parecen perder fuerza tras su éxito en las urnas el pasado martes. Con su próximo mandato comenzando el 20 de enero de 2025, se anticipa que el Departamento de Justicia enfrentará dificultades para acusarlo una vez que asuma la presidencia.

Según fuentes cercanas a la situación, los funcionarios del Departamento de Justicia están señalando la posibilidad de cerrar los dos casos federales a cargo del fiscal especial Jack Smith. Esto se debe a que la viabilidad de seguir adelante con estos cargos es extremadamente baja. Smith, quien está gestionando los casos de la instigación del asalto al Capitolio en enero de 2021 y el manejo indebido de documentos clasificados en Florida, debe decidir cómo proceder con las acusaciones.

Una jueza, que fue nominada por Trump, ya desestimó el caso de los documentos clasificados, argumentando la inconstitucionalidad de la designación de Smith, lo que ha afectado la credibilidad de estos cargos. La tensión resulta evidente, sobre todo después de que Trump amenazara públicamente con destituir a Smith, considerando que debería ser expulsado del país.

El caso más comprometido de todos es el de Nueva York, donde un jurado encontró a Trump culpable de 34 cargos de falsificación de registros comerciales, relacionados con un escándalo sexual durante su campaña electoral de 2016. La sentencia, inicialmente programada, ha sido pospuesta. La defensa argumenta que la condena debería anularse debido a interferencias electorales y está buscando varios recursos legales que podrían prolongar el proceso.

Si finalmente se lleva a cabo la sentencia, Trump podría enfrentar una pena de hasta cuatro años de prisión, aunque los expertos sugieren que su equipo legal está preparado para dilatar el juicio hasta que su toma de posesión se concrete, posiblemente evitando así el encarcelamiento. En este contexto, se prevé que presenten una moção para argumentar que los derechos constitucionales de un presidente electo son equivalentes a los de uno en funciones, lo que podría proporcionarles una defensa adicional.

Por otro lado, el cuarto caso en Georgia, que investiga la posible interferencia en las elecciones de 2020, no muestra señales de avance a corto plazo debido a problemas internos en el equipo de fiscales, lo que puede frenar cualquier avance significativo antes de su investidura.

En medio de todo esto, Trump sigue insistiendo en que los casos en su contra son parte de una 'caza de brujas' orquestada por una fiscalía con inclinaciones demócratas, lo cual ha alimentado un ambiente de polarización política más intensa en EE.UU.