El rol de coordinador de bienestar y protección es una figura obligatoria en los centros educativos, desde la educación infantil hasta el bachillerato. Implementada en 2021, la ley de protección a la infancia y la adolescencia contra la violencia, también conocida como la 'ley Rhodes', establece este puesto clave para abordar problemas de bienestar en las aulas. Sin embargo, tres años después, su verdadera implementación sigue siendo un desafío, y en muchas comunidades autónomas sigue siendo un desconocido.

Cataluña es una de las pocas autonomías que ha comenzado a implementar esta figura, aunque con dificultades. En septiembre de 2023, se introdujeron los coordinadores emocionales, conocidos como 'cocobe', pero su desarrollo ha sido lento y problemático.

El papel de estos coordinadores es fundamental para mejorar el ambiente en el aula, un aspecto crucial para el aprendizaje. Se espera que trabajen para prevenir, detectar e intervenir en situaciones de riesgo, incluyendo el bullying. Sin embargo, la falta de un perfil profesional estandarizado provoca que frecuentemente sean los propios profesores, como las profesoras de matemáticas o educación física, quienes asuman esta responsabilidad extra sin la formación adecuada. Un informe de la Fundación SM y Educo resalta esta brecha entre los conocimientos formativos de los docentes y las expectativas que se tienen para el rol de bienestar.

Un alarmante 21% de los adolescentes reporta problemas de salud mental según datos de Unicef, subrayando la necesidad urgente de profesionales capacitados para abordar estas cuestiones. Además, una investigación de la Universidad Complutense y la Fundación Colacao indica que un 6,2% de los estudiantes de 4º de primaria a 4º de ESO admiten haber sido víctimas de acoso escolar, mientras que un 2% se reconocen como agresores.

A pesar de estos números preocupantes, las normativas en las diversas comunidades autónomas sobre la figura del coordinador de bienestar son ambiguas. La 'ley Rhodes' permite que cada centro escolar nombre a esta figura de su propio personal, lo que genera disparidad en la implementación y el nivel de capacitación recibido. Según el informe, la formación que reciben estos docentes es generalmente teórica y poco práctica, lo que deja a muchos sin las herramientas necesarias para abordar situaciones críticas.

Los autores del informe señalan que la falta de divulgación sobre esta figura ha contribuido a su escaso conocimiento tanto entre el profesorado como entre el alumnado, y que en el ámbito familiar, su existencia es casi desconocida. Esto limita enormemente la capacidad de los directores de los centros y del personal educativo para abordar de manera efectiva las necesidades emocionales y psicológicas de los estudiantes.

Además, la falta de tiempo es otra barrera significativa en la implementación de esta función. La asunción de esta responsabilidad significa un sacrificio personal para los docentes, quienes ya enfrentan una carga de trabajo considerable. La investigación también destaca que el apoyo por parte de la dirección de algunos centros educativos hacia este rol es insuficiente, sumado a la escasez de presupuesto otorgado por las administraciones educativas, lo que dificulta aún más la consolidación de estas figuras esenciales para el bienestar estudiantil.