En los últimos años, la okupación de viviendas en España ha sido presentada por algunos medios como una amenaza incontrolable, donde la percepción de inseguridad ha crecido de manera drástica. Este fenómeno ha sido dramatizado en programas de televisión, titulares alarmantes y campañas de empresas de seguridad, generando un clima de miedo entre los propietarios de viviendas que temen perder sus hogares de la noche a la mañana. Sin embargo, las estadísticas ofrecen una perspectiva diferente, sugiriendo que este problema no es tan prevalente como se hace creer.

Con aproximadamente 27 millones de viviendas en el país, el año pasado solo se registraron 16,400 denuncias por ocupaciones ilegales, lo que representa un mísero 0.0006% del total del parque inmobiliario. Más detalladamente, solo el 7% de estas denuncias correspondían a hogares ocupados. Esto significa que muchas de las ocupaciones ilegales se realizan en viviendas vacías, y no en hogares donde habitan familias.

El aumento de las denuncias en la última década se debe a un cambio en la legislación en 2015 que incluyó nuevas tipificaciones y sanciones dentro del Código Penal. No obstante, los datos judiciales sugieren que la imagen de familias siendo expulsadas de sus hogares es una caricatura de la realidad; muchos jueces han afirmado que, en sus años de experiencia, raramente han visto casos de este tipo. Según el Instituto Nacional de Estadística, en 2023 se registraron solamente 218 condenas por allanamiento de morada, lo que coloca en evidencia la discrepancia entre la percepción pública y la realidad estadística.

Expertos como Jaime Palomera Zaidel indican que desde la pandemia, el miedo hacia la ocupación se ha exacerbado, desviando la atención de problemas reales como la falta de vivienda asequible y la desigualdad económica. Esta narrativa miedosa ha sido alimentada por una desinformación constante, reconocida incluso por miembros del Gobierno, lo que ha llevado a que un alto porcentaje de la población tema que su hogar sea objeto de okupación.

La situación de las personas que okupan inmuebles es también compleja; la mayoría de estas personas lo hacen como último recurso, muchas veces debido a circunstancias desesperadas, como la juventud en precariedad o la pérdida de empleo. La abogada Elisa Barragán aclara que el fenómeno de la okupación no debe ser confundido con el impago de alquiler, que corresponde a un incumplimiento de contrato. En muchas ocasiones, los okupas no tienen otra alternativa viable y se encuentran en un limbo jurídico.

Pilar Manzano Escudero, quien ha ocupado un piso abandonado de un banco junto a sus hijas tras huir de la violencia doméstica, ilustra el sufrimiento humano detrás de este fenómeno. Su historia es un reflejo de las dificultades que enfrentan muchas familias vulnerables en busca de un lugar seguro para vivir.

El problema de la vivienda en España se agrava, con rentas que han aumentado un 10% en los últimos tres años. Esto se traduce en más de 20,500 desahucios por impago de alquiler en el último año, y una creciente inseguridad en el acceso a la vivienda. La conclusión es clara: la verdadera emergencia no es la okupación, sino la falta de oportunidades asequibles que permita a la población acceder a un hogar digno. En un país donde hay alrededor de cuatro millones de viviendas vacías, el dilema sobre la propiedad y la ocupación se vuelve más complejo de lo que la narrativa popular sugiere.