Investigación en el caso Democracia Viva

La Fiscalía Regional de Antofagasta continúa desenterrando graves irregularidades en el denominado caso Democracia Viva, que involucra la transferencia ilegal de $426 millones a una fundación vinculada a esta causa. Recientemente, el fiscal Cristián Aguilar ha decidido abrir una nueva indagatoria que afronta a la diputada Catalina Pérez, quien podría enfrentar serias implicaciones penales.

Nueva indagatoria y posibles implicaciones penales

Esta nueva investigación no está relacionada directamente con los convenios que han sido objeto de escrutinio, sino que se deriva de un análisis de los teléfonos incautados en el contexto del caso Convenios. Investigaciones revelaron intercambios de mensajes entre la diputada relacionada al Frente Amplio y Daniel Andrade, un representante de la ONG, sugiriendo que Pérez habría interrumpido un embarazo en circunstancias que podrían ser consideradas ilegales bajo la legislación chilena, que permite el aborto solo en tres causales específicas.

Autorización judicial y allanamiento

Fuentes cercanas afirman que esta situación, hasta ahora desconocida, llevó al Ministerio Público a actuar en contra de la diputada, quien no parece haber justificado adecuadamente su acción de acuerdo con la ley. Ante esto, la Fiscalía ha solicitado autorización al Juzgado de Garantía de Antofagasta para utilizar estas conversaciones como evidencia formal en las pesquisas.

Tras una revisión, la jueza Sissi Bertoglio-Talap accedió a la solicitud y otorgó la autorización necesaria para allanar un recinto médico y así incautar la ficha clínica de la diputada. La magistrada calificó estas pesquisas como "relevantes" para el caso en cuestión, lo que da una idea de la gravedad de la situación.

Otros cargos y el futuro político de Pérez

Además de la indagación por aborto, la diputada enfrenta otros cargos relacionados con el fraude al Fisco debido a su vinculación con el caso Democracia Viva. Recientemente, su situación se complicó aún más cuando el Consejo de Defensa del Estado amplió la querella en su contra, acusándola de ser cómplice en el fraude.

Conversaciones filtradas reveladas por T13 muestran un intercambio entre Catalina Pérez y su expareja, en el que discuten estrategias para navegar los problemas que Andrade enfrentaba respecto a los convenios de la fundación y mencionan gestiones para ayudarlo a encontrar trabajo en el sector público, incluso a través del exseremi de Vivienda de Antofagasta, Carlos Contreras, quien también está bajo investigación.

Perspectivas y preguntas sobre la ética pública

Con una audiencia de desafuero programada para el próximo 10 de febrero, el futuro político de Catalina Pérez se dibuja incierto. El escándalo no solo podría costarle su puesto, sino que plantea serias preguntas sobre la ética y la responsabilidad de los funcionarios públicos en Chile. ¿Qué otras sorpresas podría revelar esta compleja trama? La ciudadanía espera respuestas y justicia frente a presuntas irregularidades que podrían marcar un hito en la política nacional.