El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, ha abordado la crítica situación de las cárceles en Chile, poniendo énfasis en el hacinamiento y en la polémica sobre la ampliación de la cárcel Santiago 1. Durante una entrevista en Radio Duna, Gajardo enfatizó que "la sobrepoblación penal es un problema en sí mismo. Genera el riesgo de más violencia dentro de las cárceles y dificulta la reinserción social".

El ministro destacó las tres regiones más afectadas por la sobrepoblación: Atacama, Metropolitana y Maule, seguidas de Ñuble, Antofagasta y Tarapacá, donde el fenómeno es más limitado.

Gajardo anunció un ambicioso plan de infraestructura penitenciaria que se propone añadir 12,600 nuevas plazas carcelarias y recuperar 1,600 más. "Vamos a incorporar 15,000 plazas", declaró, reforzando la urgencia del proyecto. Asimismo, indicó que el gobierno no contemplará indultos generales, pero se comprometió a crear las plazas necesarias en los establecimientos penitenciarios.

En cuanto a la reunión con el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, quien se ha opuesto firmemente a la ampliación de Santiago 1, Gajardo fue claro: "La ampliación de Santiago 1 va sí o sí. Estamos realizando todo conforme a las leyes vigentes". A pesar de las diferencias, el diálogo fue constructivo: "Tuvimos una muy buena conversación... Quedamos en comenzar a trabajar en las mitigaciones que se deben realizar en el lugar y las conversaciones estarán totalmente abiertas", afirmó el ministro.

Es importante destacar que esta ampliación no solo se trata de añadir más espacio en las cárceles, sino de abordar un problema que afecta directamente la seguridad y la justicia social en Chile. El hacinamiento no solo implica condiciones inhumanas para los reclusos, sino que también perjudica a los funcionarios de las cárceles y, en última instancia, a la sociedad en su conjunto.

Gajardo concluyó su intervención asegurando que continuarán colaborando con las autoridades locales para garantizar que los procesos avancen y no se pierda tiempo en la implementación de soluciones fundamentales. La urgencia es real y la presión social por mejorar las condiciones del sistema penitenciario en Chile nunca ha sido tan alta.