El Ministerio de Salud Pública de Uruguay cerró el año 2024 enfrentando casi 2000 juicios en su contra, un aumento alarmante de cerca de 400 casos en comparación con el año anterior, donde se registraron 1610. Un impresionante 62% del presupuesto del Ministerio, que se traduce en unos 6200 millones de pesos, se destina a cubrir estos juicios de amparo relacionados con medicamentos no incluidos en el Fondo Nacional de Recursos (FNR).

Durante el seminario titulado "Judicialización de la medicina en Uruguay: desafíos y perspectivas", médicos y expertos legales debatieron esta creciente problemática. La ministra de Salud, Karina Rando, destacó que este fenómeno no solo es nacional, sino también regional y global. Según Rando, el acceso a medicamentos a través de la judicialización, en lugar de fortalecer la medicina basada en evidencia, pone en riesgo los recursos destinados a tratamientos realmente efectivas.

Juicios en aumento: ¿qué está pasando?

El Dr. Augusto Roca, de la División Jurídica del MSP, expresó que la situación es preocupante. Desde 2002, los juicios por medicamentos han ido en aumento: 754 casos en 2002, 949 en 2021, 1437 en 2022, y 1610 en 2023, con una estimación de casi 2000 al cierre de 2024. Los juicios abarcan en un 80% las demandas de medicamentos y en un 20% los reclamos por prestaciones médicas. La mayoría de estos casos se dirimen en tribunales administrativos o civiles y tienen un fuerte impacto económico, aumentando el costo de los medicamentos como resultado de cumplir con las sentencias judiciales, que pasaron de 360 millones de pesos en 2018 a un escalofriante 3846 millones de pesos en 2023.

La visión judicial: ¿dónde termina esto?

La Dra. Beatriz Venturini Camejo, ministra del Tribunal de Apelaciones, reflexionó sobre la influencia de la Ley de Relaciones de Consumo en la judicialización de la medicina, enfatizando que los médicos a menudo se encuentran cuestionando la intervención de los jueces en sus decisiones. En las interacciones discutidas, se mencionó que Uruguay, ejerciendo la presidencia pro tempore de Mercosur, intentó estudiar y proponer soluciones al respecto en la reunión anual de ministros de salud.

Adicionalmente, el artículo 44 de la Constitución uruguaya se ha vuelto un punto de contención, ya que este exige que el Estado cuide la salud pública y establece derechos que, según algunos magistrados, violan la capacidad del sistema para regular adecuadamente los tratamientos.

Además, la contadora María Ana Porcelli, directora del FNR, reveló que los médicos están compartiendo con los pacientes información sobre medicamentos fuera de la cobertura del FNR, incluso sugiriendo contactos de abogados para que estos presenten recursos de amparo. Esto ha resultado en un aumento notable del 81% de los recursos otorgados a mutualistas y un alarmante 19% a la salud pública.

El futuro es incierto

El costo de estos tratamientos está comenzando a generar preocupaciones sobre la sostenibilidad financiera del sistema de salud. Se prevé que los gastos en medicamentos podrían alcanzar un 25% del presupuesto para el FNR en 2025. Hasta septiembre de 2024, el fondo había desembolsado 370 millones de dólares, y se espera que el número de pacientes beneficiados continúe en aumento, pero también se están incorporando nuevos medicamentos potencialmente costosos, lo que a su vez afecta la capacidad del sistema de brindar atención adecuada a todos.

En 2023, el MSP tuvo que pagar 100 millones de dólares por compras de medicamentos debido a condenas judiciales. Con la creciente presión sobre el sistema y la inclusión de medicamentos costosos que no han sido previamente evaluados, existe una creciente preocupación sobre si el sistema de salud puede seguir siendo viable. ¡La situación está en crisis y todos estamos en el centro de ella!