Un escándalo ha sacudido a la comunidad de la Primera Compañía de Bomberos de Algarrobo, en la región de Valparaíso. Se han presentado serias acusaciones contra dos voluntarios, quienes estarían involucrados en la venta ilegal de cascos de rescate que fueron robados a la Junta Nacional de Bomberos.

De acuerdo con un impactante reportaje de T13, Juan Carlos Field Bravo, actual presidente de la organización, confirmó que un total de 270 cascos, de una importación de 1000, que llegaron a principios de 2022, fueron sustraídos. “Esto ocurrió antes de que asumiera como presidente”, aclaró.

Los acusados son Rolando Basualto, un teniente de Bomberos, y Bárbara Berrueta, inspectora y hija de un comandante con alto rango en la institución. Lo más sorprendente es que estos cascos eran revendidos a través de redes sociales, queriendo lucrar con este equipo esencial de seguridad.

Bárbara, aparentemente sin remordimientos, publicó: “Tengo un datito de venta de cascos SICOR, 100% confiables, nuevos de paquete, solo color rojo y azul hasta ahora. $50.000 por si acaso”, a pesar de que el precio de mercado de esos cascos ronda los 300 mil pesos. Es un comportamiento totalmente reprochable, considerando que se trata de elementos de protección vital para los bomberos en situaciones de emergencia.

Conversaciones de WhatsApp revelan cómo Bárbara negociaba con distintas compañías de bomberos a lo largo del país. En un intercambio, logró que 10 cascos “Sicor” fueran enviados hasta Pozo Almonte, Iquique. Desde la Cuarta Compañía de esta localidad confirmaron que le transfirieron 500 mil pesos por el trato, lo que revela la magnitud de este conato de corrupción.

El diálogo entre uno de los bomberos compradores y Bárbara dejó al descubierto la falta de ética de los involucrados: Bombero: “Ya, ¿cómo lo hacemos? Quiero comprar el (casco) rojo”. Bárbara Berrueta: “¿Dónde está usted?” Bombero: “En Iquique ahora, jaja, ¿me lo puede enviar por Chileexpress?” Bárbara Berrueta: “Sí, no hay problema”.

Los intentos de T13 para obtener una versión de los acusados chocaron con la negativa de Arturo Berrueta, padre de Bárbara, quien aseguró que las acusaciones eran malintencionadas y que había intereses ocultos detrás de las denuncias.

Este escándalo ha generado un clamor de indignación entre los ciudadanos y los propios miembros del cuerpo de bomberos, quienes ven en este acto una mancha grave que perjudica la imagen de quienes sirven a la comunidad.

Las autoridades están bajo presión y podrían abrir investigaciones que podrían llevar a penalidades para los involucrados. ¿Qué pasará con estos voluntarios que traicionaron el honor de su institución? La comunidad espera respuestas y justicia.