El Gobierno chileno ha tomado una decisión crucial al descartar, al menos por el momento, llevar a cabo un tercer intento de exhumar los restos de Pablo Marchant, un miembro de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) que fue abatido en un enfrentamiento con Carabineros en julio de 2021. Marchant está sepultado en el Fundo Pidenco de Lumaco, en la región de La Araucanía.

Durante una reciente reunión del Comité Policial, Leopoldo Rosales, delegado Presidencial Regional (s), subrayó que las condiciones de seguridad no son favorables para proceder con la exhumación. En sus palabras, "sería arriesgado intentar hacerlo muy pronto", aunque también reconoció que en un futuro será necesario evaluar cuándo se podría realizar el proceso.

Este anuncio sigue a un intenso intercambio de disparos durante el segundo intento fallido de exhumación, que requirió la retirada de más de 250 efectivos de Carabineros, la Policía de Investigaciones (PDI) y el Ejército, impactando no solo a la población local de Lumaco, sino también al Gobierno mismo.

Miriam Gutiérrez, madre de Pablo Marchant, hizo un urgente llamado a la CAM para reflexionar sobre los acontecimientos que rodean la muerte de su hijo, argumentando que su resistencia impide avanzar hacia la verdad y la justicia. La familia de Marchant ha solicitado una nueva autopsia, aduciendo que existen dudas sobre las circunstancias de su fallecimiento y acusando a los agentes del Estado de haberlo ejecutado.

La historia de Pablo Marchant y su trágico desenlace han generado un intenso debate sobre los derechos humanos y la actuación del Estado en situaciones de conflicto. La comunidad sigue clamando por respuestas y justicia, mientras que la presión sobre el Gobierno para que reevalúe su postura aumenta. La pregunta que muchos se hacen es: ¿cuándo se podrá finalmente esclarecer este caso que ha dejado una huella profunda en la sociedad chilena?