La destitución de la senadora Isabel Allende del Partido Socialista (PS), decidida por el Tribunal Constitucional tras su firma de un contrato de compraventa con el Estado para transferir una casa patrimonial de su familia, ha provocado una verdadera tormenta en el ámbito político chileno. Aunque la sentencia aún no se ha formalizado, el precedente creado por este caso ya está agitando las aguas del Congreso, donde tanto parlamentarios como asesores legales se encuentran revisando posibles situaciones similares que podrían llevar a nuevas solicitudes de destitución.

El artículo 60 de la Constitución chilena establece explícitamente que “cesará en el cargo el diputado o senador que durante su ejercicio celebre o caucione contratos con el Estado”. Esta norma, que hasta hace poco era considerada inoperante, ahora podría abrir un controversial debate legal y político que aplica a un mayor número de parlamentarios.

Varios analistas legales advierten que el caso de Allende podría ser solo la punta del iceberg. Investigaciones recientes del medio The Clinic han sacado a la luz múltiples casos de legisladores que han mantenido lazos comerciales con el Estado a través de empresas familiares o personales. Entre los mencionados se encuentran figuras destacadas como el senador Juan Castro Prieto (PSC), la diputada Ximena Ossandón (RN), y el senador Fidel Espinoza (PS). Estos vínculos incluyen desde arrendamientos a la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji) hasta servicios de radiodifusión para municipalidades y sociedades fintech que reciben pagos significativos por contratos estatales.

Las implicaciones podrían ser enormes. Algunos constitucionalistas, como Flavio Quezada del PS, argumentan que la norma podría extenderse a familiares o socios, creando así un efecto dominó que podría afectar a muchos legisladores. Sin embargo, otros, como Arturo Fermandois de la UDI, ofrecen una visión más restrictiva, sugiriendo que la aplicación de la norma debería limitarse a aquellos que firman contratos directos.

En este clima de incertidumbre, muchos se preguntan: ¿quién será el próximo en caer? ¿Es este el inicio de un gran barrido de corrupción en el Congreso chileno? Las alarmas suenan y la sociedad civil observa atentamente, esperando que la justicia prevalezca en este escenario político que podría redefinir el futuro institucional del país.