La decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de invocar la controvertida Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 ha generado una ola de polémica al acelerar las deportaciones masivas de venezolanos. El pasado domingo, cerca de 300 venezolanos fueron enviados a El Salvador, un país bajo el mando del presidente Nayib Bukele.

El régimen chavista de Nicolás Maduro no tardó en expresar su rechazo a esta medida, calificándola como una "criminalización infame e injusta" de migrantes que, según ellos, son víctimas de las sanciones impuestas por Estados Unidos y otros gobiernos occidentales. En una declaración oficial, el régimen acusó a Trump de evocar los "episodios más oscuros de la historia de la humanidad".

De acuerdo con el gobierno venezolano, la situación es aún más alarmante al considerar que incluye a niños, señalando que el gobierno estadounidense está "secuestrando" a menores de 14 años al clasificarlos como potenciales miembros de grupos terroristas. Maduro enfatizó que quienes huyeron del país lo hicieron en busca de mejores oportunidades debido a la grave crisis económica, afirmando que “no son terroristas, son víctimas”.

Washington, por su parte, justifica esta operación como una forma de combatir a la banda transnacional Tren de Aragua, que presuntamente está detrás de diversas actividades delictivas en EE.UU. La orden ejecutiva impone que todos los venezolanos mayores de 14 años que se encuentren en EE.UU. y no sean ciudadanos o residentes legales permanentes estarán sujetos a detención y deportación bajo esta ley.

Las repercusiones de este acto no sólo han resonado en el gobierno, sino también en organizaciones no gubernamentales. La ONG venezolana Provea se unió al repudio, alegando que las deportaciones carecen de un debido proceso, configurando un ataque sistemático contra venezolanos en el extranjero. Provea apuntó que esos deportados podrían ser sometidos a un sistema carcelario en El Salvador que no garantiza sus derechos básicos y los mantiene alejados de sus familias.

La situación ha escalado a tal punto que el juez federal James Boasberg intervino, bloqueando temporalmente el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros, estableciendo que cualquier vuelo de deportación debería regresar a Estados Unidos. Sin embargo, el Secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, anunció que se habían enviado más de 250 personas a El Salvador, muchas de ellas venezolanas, a espera de encarcelamiento en ese país.

La Ley de Enemigos Extranjeros, poco utilizada desde la II Guerra Mundial, ha reavivado debates sobre derechos humanos y discriminación. La situación en medio de un conflicto político en Venezuela, donde Maduro ha sido cuestionado por su mandato, pone a los migrantes en una situación difícil. Mientras tanto, el régimen hace un llamado a la unidad nacional para proteger los derechos de sus ciudadanos en el extranjero, prometiendo combatir vigorosamente esta "aniquilación sistemática" de los venezolanos.