En una sesión extraordinaria, la Cámara de Diputados ha dado un giro inesperado al aprobar una indicación que suspende la aplicación del Sistema de Admision Escolar (SAE) para el año 2025. Este sistema, implementado por el Ministerio de Educación, permite a los padres postular a sus hijos en establecimientos educacionales, tanto públicos como particulares subvencionados.

La indicación fue presentada por el diputado de la UDI, Sergio Bobadilla, y a pesar de que la mesa directiva inicialmente rechazó su admisibilidad, la discusión se llevó a cabo. Finalmente, fue declarado admisible con 70 votos a favor, 53 en contra y 10 abstenciones. Al finalizar, la indicación fue aprobada con 73 votos a favor, 53 en contra y 6 abstenciones.

Durante su intervención, Bobadilla defendió la propuesta, argumentando que "la atribución que tenemos los parlamentarios es disminuir el gasto, no incrementarlo. Al suspender la implementación del sistema de selección escolar, estamos disminuyendo el gasto". Además, enfatizó la importancia de devolver el derecho fundamental a las familias de elegir la educación para sus hijos, señalando que este sistema le otorga al Estado la autoridad de decidir dónde deben estudiar los niños.

En contraste, la diputada del Partido Comunista, Daniela Serrano, criticó la indicación, indicando que transgrede artículos de la Constitución y que modificar leyes permanentes no es competencia de una Ley de Presupuestos. Serrano expresó su preocupación sobre la falta de un marco regulador en caso de ser implementada la norma, indicando que esto podría dejar el sistema educativo sin un mecanismo claro y ordenado de admisión.

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, advirtió acerca de las implicaciones de esta decisión. Según él, si se aplica la suspensión, el sistema educativo quedaría sin dirección, advirtiendo que "puede que a uno le desagrade cómo está estructurado el sistema de admisión, pero tener un sistema es fundamental".

Karol Cariola, presidenta de la Cámara, enfatizó que la reserva de constitucionalidad ya está en marcha. Si la indicación continúa avanzando, podría ser llevada al Tribunal Constitucional para su evaluación.

Este nuevo desarrollo en la política educativa ha generado debates entre expertos y ciudadanos, quienes temen las posibles consecuencias de la falta de un sistema de admisión claro. Mientras algunos celebran la decisión como un triunfo de la libertad parental, otros advierten sobre el caos que podría seguir en el sector educativo.

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