En una decisión histórica, la Corte Suprema de Chile ha confirmado el desafuero de la diputada Catalina Pérez, en el contexto del polémico Caso Democracia Viva, que ha sacudido el panorama político del país.

La vocera del máximo tribunal, María Soledad Melo, anunció que “se confirma la sentencia de la Corte de Apelaciones de Antofagasta de fecha 20 de febrero del 2025, que dispuso hacer lugar a la formación de causa en contra de la diputada Catalina Pérez Salinas”. Este fallo, adoptado por unanimidad por los integrantes del Tribunal pleno, marca un hito en la lucha contra la corrupción.

La situación se complica aún más para Pérez, ya que el consejero del Consejo de Defensa del Estado, Daniel Martorell, comentó que están evaluando las medidas cautelares a solicitar. “Es crucial estudiar la situación con detenimiento. Si analizamos un caso en abstracto entre un autor y un cómplice, la pena para el cómplice debería ser menos severa, pero aún se deben definir las medidas específicas”, puntualizó.

Martorell también aseguró que existen pruebas sólidas que evidencian la participación de la diputada en acciones delictivas, incluyendo mensajes de chat que comprometen su implicación en convenios que no cumplían con los requisitos legales establecidos. “Estamos ante un caso donde los elementos probatorios son contundentes”, aseguró.

Por su parte, el abogado de la diputada, Gonzalo Medina, defendió a su cliente argumentando que “la sentencia ha confirmado el fallo de la Corte de Apelaciones, no existiendo antecedentes para desvirtuar tal resolución”. Sin embargo, advierte que los múltiples elementos en la carpeta de investigación apuntan a que Catalina Pérez no tuvo injerencia en la gestión de los convenios cuestionados.

Medina enfatiza que la diputada ha colaborado constantemente con la investigación y sostiene que “no hay ninguna justificación para imponerle una medida cautelar de alta intensidad”. Sin embargo, mientras la situación legal de Pérez avanza, el escándalo del Caso Democracia Viva continúa desatando repercusiones en el ámbito político y social, con creciente presión sobre el Gobierno y una ciudadanía ansiosa por justicia. Las audiencias de cautelares prometen ser un espectáculo observador, con los ojos de Chile puestos en el desenlace de esta complicada trama de corrupción.