En un giro inesperado de los acontecimientos políticos de Corea del Sur, funcionarios de la Oficina para las Investigaciones de Corrupción de Funcionarios de Alto Rango (CIO) y de la Policía irrumpieron este viernes en la residencia presidencial en Seúl. La operación tiene como objetivo ejecutar una orden de detención temporal contra el presidente surcoreano, Yoon Suk-yeol, en relación con su controvertida declaración de ley marcial.

El CIO emitió un comunicado confirmando que habían comenzado a cumplir con la orden de arresto. Sin embargo, la noche anterior, los seguidores fervientes de Yoon intentaron bloquear el acceso a su residencia, lo que resultó en una intensa confrontación. La agencia Yonhap reportó que alrededor de 150 agentes, incluidos 30 del CIO y 120 policías, se encontraron con una unidad militar que protege el área y que pertenece al Comando de Defensa de la Capital, único cuerpo militar que responde directamente ante el presidente.

Después de una tensa situación, las autoridades lograron finalmente superar la resistencia militar y acceder al recinto. A pesar de sus esfuerzos, los efectivos de seguridad de Yoon han negado hasta ahora el acceso para investigar su residencia en busca de pruebas relacionadas con la declaración de ley marcial realizada el 3 de diciembre. Este acto ha desatado una oleada de críticas y acusaciones en el país.

¿Se derrumbará el régimen de Yoon Suk-yeol?

Cientos, e incluso miles, de acólitos del presidente se han congregado en los alrededores de la residencia en el exclusivo barrio de Hannam. Estos seguidores han prometido que no permitirá el arresto de su líder, acusando al Parlamento, dominado por la oposición, de manipulación electoral tras la destitución de Yoon el 14 de diciembre debido a la ley marcial. Muchos temen que este enfrentamiento lleve a una crisis política sin precedentes en la nación.

La situación se complica aún más, ya que la caducidad de la orden de detención está prevista para el lunes. Se estima que el número de seguidores de Yoon aumentará durante el fin de semana, lo que podría dificultar aún más la operación de arresto.

Por su parte, los abogados de Yoon han presentado una solicitud judicial para anular la orden de detención, argumentando que solo la fiscalía tiene el poder para hacer ese tipo de peticiones. Han calificado el procedimiento como “ilegal” y han advertido sobre posibles enfrentamientos si se intenta llevar a cabo el arresto del presidente, quien se convierte en el primer mandatario en Corea del Sur que enfrenta tal situación mientras aún está en el cargo.

Si lograran arrestarlo, el equipo conjunto del CIO, la policía y el Ministerio de Defensa Nacional tendría un plazo de 48 horas para interrogar a Yoon e incluso solicitar una extensión de la detención si lo creen necesario.

Yoon ha sido objeto de prohibiciones de salida del país, y tras su destitución parlamentaria, se encuentra a la espera de la decisión del Tribunal Constitucional, que se espera tenga lugar antes de junio, sobre su posible restitución o cese definitivo. La nación observa con gran interés cómo se desarrollarán los acontecimientos en los próximos días, mientras la incertidumbre y el drama político dominan la escena.