El caso de Daniela Olate, quien fue asesinada en la comuna de Florida, en la región del Bío Bío, ha tomado un nuevo giro inesperado. El imputado, José Morales Morales, fue trasladado desde el penal Bío Bío a la cárcel de Rancagua, a pesar de que la justicia había revocado previamente la autorización para dicho traslado.

Este cambio de cárcel se realizó sin el conocimiento del tribunal, del abogado defensor o de los querellantes, lo que ha generado una gran controversia y preocupación sobre la transparencia de este proceso judicial. Cristian Echayz, abogado de la familia de la víctima, confirmó que el traslado se llevó a cabo esta semana sin el consentimiento de las partes involucradas.

El Juzgado de Garantía había decidido mantener la prisión preventiva de Morales en la última audiencia, y también se había concedido una extensión de 45 días para la investigación, en la que aún se están realizando diligencias, incluyendo el informe de autopsia, que podría aportar más información crucial para el caso.

Cabe recordar que Daniela Olate había sido vista por última vez cuando aceptó un aventón en el vehículo de Morales, lo que finalmente la llevó a su trágico destino en julio pasado. Tras el hallazgo del cuerpo, las autoridades iniciaron una investigación que ha revelado numerosos detalles inquietantes sobre el crimen.

Las circunstancias que rodean el traslado de Morales también han sido cuestionadas, dado que el mismo sostuvo ante el tribunal que había sufrido agresiones en el penal anterior, pero afirmó que las amenazas habían cesado. A pesar de esto, Gendarmería justificó la acción por motivos de seguridad, lo que deja muchas preguntas sin respuesta.

Este caso no solo ha conmocionado a la comunidad de Florida, sino que también ha activado un debate más amplio sobre la protección de los derechos de las víctimas y la efectividad del sistema judicial en Chile. Los próximos pasos en la investigación y el juicio serán seguidos de cerca, generando un interés creciente en cómo se desarrollará este complejo caso legal.