Un grupo de médicos residentes, especialistas y estudiantes de medicina de todo Chile ha dado un paso valiente al enviar una carta al Presidente Gabriel Boric, senadores, diputados y autoridades universitarias, denunciando abusos sistemáticos que enfrentan durante su formación. Este grito de auxilio se extiende desde Arica hasta Punta Arenas y revela una realidad alarmante en las instituciones de salud del país.

Los denunciantes expresan su profundo rechazo a las condiciones inhumanas que sufren, las cuales incluyen:

a) Alteración de calificaciones para provocar el reprobado de médicos en formación.

b) Acoso académico, sexual y asistencial a manos de tutores que deberían ser mentores.

c) Diversas formas de discriminación, que generan un ambiente hostil.

d) Encubrimiento de autoridades universitarias que intentan proteger a los agresores, creando un círculo vicioso de silencio e impunidad.

e) Minimización de las denuncias, como se evidenció en la reacción de un senador en un reportaje de 24 horas sobre este tema preocupante.

Lamentablemente, las universidades suelen desestimar estas denuncias amparándose en su autonomía, aun cuando esta no puede estar por encima de la Ley General de Educación Superior, que garantiza el derecho a no ser discriminado.

Por todo esto, exigen medidas concretas:

- Castigos severos para los médicos tutores que incurren en acoso y maltrato.

- Inhabilitación temporal y permanente para enseñar.

- Penales contra aquellos que induzcan al suicidio o alteren calificaciones, incluyendo cárcel y expulsión de colegios médicos.

- No se conforman con sanciones administrativas; buscan justicia penal como única vía para erradicar estas prácticas horrendas que destruyen sueños y familias.

"NO descansaremos hasta restaurar el RESPETO y la DIGNIDAD en nuestras aulas", declaran enérgicamente.

Además, hacen un llamado a la sociedad para apoyar a las familias que han perdido a sus seres queridos a causa de estos ataques, esperando que encuentren paz en medio de tanto dolor. Esta situación pone en evidencia la necesidad urgente de reformar el sistema educativo y realizar inspecciones rigurosas en las instituciones para asegurar un ambiente seguro y justo para todos los estudiantes, exigiendo de inmediato la atención de las autoridades competentes.