En un giro inesperado, el Primer Tribunal Ambiental de Chile ha rechazado la solicitud del gobierno del presidente Gabriel Boric para suspender los efectos de la sentencia que anula la resolución del Comité de Ministros, la cual había rechazado el permiso ambiental del controvertido proyecto minero-portuario de Dominga. Esta decisión revive las esperanzas de Andes Iron, la empresa detrás del proyecto, que es controlada por la influyente familia Délano.

El tribunal determinó que "no ha lugar a la solicitud de suspensión de efectos de la sentencia recurrida", decidiendo que los argumentos presentados por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) no eran suficientes para detener la implementación del fallo mientras se espera el recurso de casación en la Corte Suprema.

"Ninguno de ellos configura una hipótesis concreta, en el sentido de segura, indubitable y verdadera respecto de la impetrada imposibilidad", señala el tribunal, lo que sugiere que los temores del gobierno son infundados. Además, el tribunal advirtió sobre las consecuencias legales que podrían derivarse si el Comité de Ministros decide reunirse nuevamente para revisar el proyecto, algo que podría acelerar la implementación de Dominga y sus potenciales impactos ambientales devastadores.

Las preocupaciones sobre la construcción del proyecto son serias, ya que se anticipan efectos negativos significativos en el entorno, particularmente en un área tan frágil como la que se propone para la operación minera. Los activistas ambientales han sido claros: el proyecto podría ser un desastre ecológico, dañando la biodiversidad y los ecosistemas locales.

En una nota sorprendente, el Ministro Alamiro Alfaro Zepeda se opuso a la decisión de no suspender los efectos del fallo, argumentando que podría no ser posible llevar a cabo una eventual sentencia que favorezca las reclamaciones de casación si el proyecto avanza. Su postura resalta la creciente división dentro del tribunal sobre este tema que ha polarizado al país.

Así, la lucha por el futuro del proyecto Dominga continúa, con miles de personas que se oponen a su desarrollo, mientras que otros ven en él una oportunidad económica crucial para la región. ¿Logrará el gobierno hacer que se respete el medio ambiente, o prevalecerán los intereses económicos sobre el bienestar de la naturaleza? ¡El tiempo lo dirá!