La controversia sobre la posible autorización del uso de pistolas taser, dispositivos de paralización neuromuscular, ha cobrado fuerza en Chile después de que el gobernador de Santiago, Claudio Orrego, solicitara al Ministerio del Interior su implementación para combatir el aumento de la delincuencia. Su preocupación es proteger a los cuerpos de seguridad, quienes enfrentan crecientes denuncias de 'excesos' en su uso de la fuerza.

En medio de la incertidumbre sobre su reglamentación, es pertinente mirar hacia Argentina, donde las pistolas taser pasaron por un camino de resistencia social y derechos humanos antes de ser finalmente aprobadas en dos ocasiones bajo la gestión de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, primero en 2019 y nuevamente en 2024, a pesar de su rechazo inicial por sectores de derechos humanos.

La solicitud de Orrego surge en un contexto crítico para la Región Metropolitana, donde el aumento de la criminalidad ha llevado a un clamor público por mejores herramientas de seguridad. Orrego ha argumentado que las pistolas taser (del inglés Thomas A. Swift’s Electric Rifle) son un medio no letal que puede ocupar el vacío existente entre la fuerza policial, que actualmente se limita a bastones retráctiles y armas de fuego.

El caso del doble crimen en Puente Alto el 10 de enero, donde un joven asesino mató a su sobrino y a su abuela antes de ser abatido por Carabineros, ha reavivado la discusión. Durante su locura, el criminal hirió a un taxista y atacó a una oficial con un arma blanca. Orrego señaló que estas situaciones podrían evitarse si se permitiera a la policía el uso de alternativas no letales como las taser.

No obstante, la ministra Carolina Tohá se ha mostrado cautelosa, poniendo énfasis en la necesidad de establecer un protocolo claro y la capacitación adecuada antes de introducir estas armas en el manejo policial. En pasados debates en la Cámara de Diputados, Tohá manifestó su preocupación sobre el impacto que podría tener el uso de las taser, sugiriendo que a veces producen lesiones graves.

En Argentina, la realidad es diferente. Desde 2009, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires aprobó la adquisición de pistolas taser. Sin embargo, la resistencia fue fuerte, especialmente por parte de grupos de derechos humanos que llevaron a cabo acciones legales para bloquear su uso hasta que se establecieran protocolos claros. El punto crítico para Argentina fue el caso del policía Luis Chocobar, quien disparó y mató a un asaltante de un turista estadounidense en 2017. Si bien Chocobar fue condenado, su caso reforzó la demanda por herramientas no letales por parte del gobierno macrista.

Bajo la administración de Bullrich, se aprobó el uso regulado de las pistolas taser a nivel nacional en 2019. La medida se justificó como una herramienta necesaria para manejar situaciones de alta tensión y violencia sin recurrir a armas letales. Sin embargo, con la llegada del gobierno peronista de Alberto Fernández, el protocolo fue derogado en 2019, aduciendo que su uso generaba más violencia.

No obstante, la tensión política persiste, y Bullrich, una figura polémica en la política argentina, ha logrado revertir decisiones anteriores, argumentando que las fuerzas policiales deben tener acceso a estos dispositivos para proteger tanto a ellos mismos como a los ciudadanos.

Recientemente, la Ciudad de Buenos Aires ha visto avances respecto a las pistolas taser, con la autorización para su uso por parte de la Policía de la Ciudad en marzo de 2023. El jefe de Gobierno, Jorge Macri, celebró esta medida como una mejora en las prácticas de seguridad pública. Sin embargo, la polémica continúa, y el debate sobre el uso de armas no letales frente a la delincuencia es más relevante que nunca tanto en Argentina como en Chile. La presión por una mayor seguridad se enfrenta a la crítica de no caer en la violencia institucional, haciendo que la discusión sobre el uso de las pistolas taser siga siendo un tema candente en la región.