El desgarrador caso de la pequeña Rafaela Véliz, quien sufrió daño neurológico como resultado de un parto mal atendido en la Clínica Dávila en noviembre de 2019, ha alcanzado un inesperado desenlace. Antes del juicio programado contra el ginecólogo Jaime Roa Burgos, se llegó a un acuerdo reparatorio con la familia de la niña, lo que significa que el especialista no se enfrentará a un juicio penal.

El lunes 17 de marzo estaba destinado a ser el día en que se iniciara la audiencia contra Roa Burgos, acusado de cometer lesiones graves contra la menor. Este proceso legal se había prolongado durante cinco años, y había sido pospuesto anteriormente en enero.

Durante las negociaciones, se llegó a un acuerdo económico que contempla una indemnización a la familia por los daños causados. Sin embargo, la abogada de la familia, Marisa Navarrete, advirtió que esta compensación no cubre todos los gastos que conllevará la atención de Rafaela, quien enfrentará una vida con discapacidad.

"Este acuerdo no repara el sufrimiento y los gastos continuos que la familia enfrentará", lamentó Navarrete. Los padres de Rafaela también han expresado su descontento con la legislación actual sobre violencia gineco-obstétrica, señalando que no es suficiente para proteger a los pacientes ni para sancionar a los responsables de negligencias como la que sufrió su hija.

Luis Véliz, el padre de Rafaela, subrayó: "Sentimos que hemos perdido una batalla ya que las leyes destinadas a sancionar este tipo de negligencia están muy por detrás de lo que debería ser".

Este caso ha reavivado el debate sobre la necesidad urgente de mejorar las leyes de atención al parto. Respaldados por la diputada Claudia Mix, los padres hicieron un ferviente llamado al Senado para que se priorice la discusión de la Ley Adriana, la cual busca endurecer las penas por negligencias médicas y garantizar un trato respetuoso y seguro durante el parto.

"Insto al senador Juan Luis Castro a que agende este proyecto urgentemente y al Ministerio de Salud a que asigne los recursos necesarios para implementar la Ley Adriana en todos los hospitales del país", afirmó la diputada Mix. Sin embargo, este proyecto, que lleva siete años en el Congreso, ha sido aplazado debido a la presión de sectores médicos más conservadores, que priorizan sus intereses sobre la seguridad de las mujeres.

La historia de Rafaela es un alarmante recordatorio de las deficiencias en el sistema de salud chileno. Luis Véliz ha denunciado que el parto de su hija estuvo plagado de negligencias, pues el ginecólogo aconsejó un parto natural, mientras que los testigos afirman que, en vista de las complicaciones, debió haber realizado una cesárea de inmediato.

El desenlace fue devastador: el uso de fórceps provocó una fractura craneal múltiple y un infarto cerebral en la bebé. A pesar de que Rafaela nació inicialmente sin signos vitales, una doctora pudo reanimarla, pero las secuelas ya estaban marcadas. Debido a esta grave negligencia, los padres decidieron presentar una querella no sólo contra el ginecólogo sino también contra la clínica, acusándolos de un cuasidelito de lesiones graves con dolo eventual. Este caso subraya la imperiosa necesidad de reformar y fortalecer las leyes de salud en el país, para proteger a las futuras generaciones.