A seis meses de una diligencia fallida que dejó a muchos atónitos, los restos de Pablo Marchant, joven integrante de la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM), aún no han podido ser exhumados. Esto ocurre en Lumaco, una región atravesada por conflictos sociales en La Araucanía, a pesar de la solicitud de su madre para que se realice esta crucial pericia.

Pablo Marchant fue abatido en un tiroteo con Carabineros tras un violento atentado incendiario en un terreno forestal el 9 de julio de 2021 en Carahue. Desde entonces, su familia ha clamado por respuestas, pero el proceso ha estado lleno de obstáculos y controversias.

El 4 de septiembre del año pasado, una importante diligencia que debía llevarse a cabo fue interrumpida de forma abrupta. El fiscal Jorge Calderara lideraba la comitiva que, junto a personal del Servicio Médico Legal, intentaba realizar una pericia de prefactibilidad en el Fundo Pidenco. Sin embargo, fueron recibidos a balazos por un grupo de encapuchados armados que interrumpió el proceso, dejando en evidencia la tensión y el peligro que se vive en la zona.

Por su parte, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) se ha constituido como querellante en esta causa. Su jefe regional en La Araucanía, Federico Aguirre, ha enfatizado que la exhumación es una diligencia que no solo es necesaria, sino que también se considera pendiente. Este caso ha puesto en jaque la relación entre el Estado y las comunidades mapuche, así como el trato que reciben en el contexto de un conflicto que se parece no tener fin.

La diligencia de prefactibilidad fue ordenada por el Juzgado de Garantía de Carahue y busca aclarar las circunstancias de la muerte de Marchant. La familia, con un profundo dolor y preocupación, sigue esperando que se hagan justicia y se esclarezcan las verdaderas causas del fallecimiento de su hijo en un conflicto que ha dejado huellas imborrables en la sociedad chilena.