El largo conflicto entre el Banco Bci y la Fiscalía Nacional Económica (FNE) ha llegado a su fin. Este jueves, la Corte Suprema de Chile dio luz verde al acuerdo conciliatorio, cerrando un caso que se remonta a cuatro años atrás.

En 2019, la FNE presentó un requerimiento contra Bci por la supuesta vulneración de las normas de libre competencia durante la licitación del seguro colectivo de desgravamen vinculado a créditos hipotecarios, un proceso llevado a cabo en 2017. Esta acción fue motivada por el hallazgo de prácticas discriminatorias que favorecieron a la propuesta más costosa, que además incluye a Bci Corredores de Seguros, en detrimento de la oferta más económica.

El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) falló a favor de la FNE, imponiendo una multa de 1.162,4 Unidades Tributarias Anuales (UTA), equivalente a aproximadamente US$ 956 mil. La investigación evidenció que el banco, controlado por la influyente familia Yarur, obtuvo beneficios indebidos durante dos años gracias a prácticas anticompetitivas, afectando directamente a sus clientes.

Ante la apelación de ambas partes, la Corte Suprema finalmente aprobó un acuerdo conciliatorio, en el que Bci se comprometió a realizar un pago sin precedentes a beneficio fiscal de 3.150 UTA, cifra que equivale a US$ 2,7 millones, la mayor suma pagada en concepto de conciliaciones por la FNE hasta la fecha. El Fiscal Nacional Económico, Jorge Grunberg, destacó que este acuerdo no solo cierra eficientemente el caso, sino que también actúa como un mecanismo disuasorio para futuros abusos de posición dominante.

Además, se establecen compromisos claros que garantizan la libre competencia en futuras licitaciones, lo que permitirá a los clientes recibir ofertas más justas y competitivas. Bci se ha comprometido a llevar a cabo sus licitaciones de manera que aseguren la competencia efectiva entre los oferentes, garantizando una evaluación imparcial de las propuestas presentadas.

Desde el banco, se comunicó que aceptaron el acuerdo sin reconocer ninguna responsabilidad o infracción a las normas de libre competencia, subrayando que actuaron de buena fe durante todo el proceso. Sin embargo, han decidido llegar a esta conciliación para cerrar un proceso que había estado en curso durante años, reiterando su compromiso de seguir realizando sus licitaciones de manera competitiva en el futuro.

Esta resolución marca un hito significativo en la lucha por la transparencia y la competencia justa en el sector financiero, un aspecto crucial para la protección de los derechos de los consumidores en Chile.