En el año 2022, la Contraloría General de la República (CGR) emitió un dictamen que generó una ola de controversia entre propietarios de terrenos y autoridades locales al anular un oficio de la Seremi de Vivienda. Este oficio permitía la construcción de viviendas en Áreas de Preservación Ecológica (APE) para propietarios y sus trabajadores, siempre que se siguieran ciertas regulaciones. Sin embargo, la CGR argumentó que el oficio carecía de fundamento jurídico, aseverando que la ley no podía ignorar la regulación territorial vigente.

Más de dos años después, la justicia ha fallado a favor de la Municipalidad de Colina, declarando nula dicha resolución de la CGR. Este veredicto no solo devuelve la esperanza a muchos dueños de terrenos en la Región Metropolitana, sino que también podría sentar un precedente importante para futuras construcciones en áreas rurales.

El conflicto comenzó en 2021, cuando la Fundación Defendamos la Ciudad solicitó a la CGR que revisara la legalidad del oficio emitido por la Seremi de Vivienda. La CGR concluyó que este tipo de construcciones en APE comprometería el estado natural de estas áreas, lo que llevó a la suspensión de permisos de edificación.

Las consecuencias de esta decisión fueron drásticas. Muchos propietarios que habían adquirido tierras en APE para desarrollar proyectos se encontraron sin opciones, mientras que otros que ya habían iniciado sus construcciones no pudieron obtener la recepción final de sus viviendas, consideradas ilegales bajo la nueva resolución. La abogada Vanessa Facuse, representante de varios afectados, afirmó que esta situación causó “graves perjuicios” al impedir la aprobación de permisos y paralizar proyectos.

Ante este impacto negativo, la Municipalidad de Colina presentó una demanda, apoyándose en décadas de antecedentes que mostraban que se habían otorgado muchos permisos de construcción en APE sin problemas, incluyendo aprobación de la Seremi. Argumentaron que la CGR aplicó criterios jurídicos de menor rango de manera retroactiva, perjudicando derechos legítimos de los propietarios.

Finalmente, tras una serie de disputas legales, la justicia falló en favor del municipio, encontrando tres vicios en la legalidad del dictamen de la CGR: primero, la violación de la norma de fondo al condicionar la aplicación de la ley; segundo, el exceso de atribuciones al imponer instrucciones a otros órganos administrativos; y tercero, la desviación de poder al modificar actos administrativos ya emitidos.

Facuse celebró la decisión, describiéndola como un 'precedente clave' que reafirma la legítima ocupación de propietarios en áreas rurales y su derecho a construir en APE. “Este fallo refleja la necesidad de revisar pronunciamientos anteriores y restaurar la certeza jurídica para evitar más perjuicios", añadió Facuse.

La controversia en torno a este tema pone de manifiesto la delicada interacción entre la preservación ecológica y el derecho a la vivienda. Con este fallo, los propietarios de terrenos podrían recuperar la confianza en que su derecho a edificar en sus propiedades será respetado, promoviendo así un desarrollo equilibrado y sostenible en las zonas rurales. ¡Un gran triunfo para los agricultores y propietarios rurales!