Un golpe a la política migratoria de Trump

Un juez federal ha dictaminado este viernes que el presidente Donald Trump no puede deportar a personas no estadounidenses a terceros países sin garantizarles el debido proceso. Esto incluye darles la oportunidad de expresar sus preocupaciones de seguridad antes de ser enviados a un lugar donde podrían enfrentar graves peligros.

El magistrado Brian Murphy señaló que el gobierno estadounidense tiene la facultad de deportar a extranjeros, incluso a lugares donde corren el riesgo de ser torturados o asesinados, sin proporcionarles una vía para alertar a las autoridades sobre su situación aterradora. La falta de este proceso justo ha sido una violación de derechos humanos inaceptable.

Protegiendo vidas ante la deportación

Murphy enfatizó que su fallo busca prevenir el "daño irreparable" que estas personas podrían enfrentar, como persecuciones y muertes, al ser devueltas a países donde no pueden impugnar sus deportaciones.

Además, la decisión del juez obliga a la Casa Blanca a notificar por escrito a los forasteros antes de su deportación a un tercer país y les garantiza una "oportunidad significativa" para plantear sus inquietudes, estableciendo un período mínimo de 15 días para solicitar la reapertura de sus casos migratorios.

Urgente solicitud de un grupo de venezolanos

En paralelo, un grupo de venezolanos ha solicitado a la Corte Suprema y a tribunales federales detener su inminente deportación a El Salvador, advirtiendo que el plan del gobierno estadounidense es enviarlos a una prisión de alta seguridad sin el debido proceso. Por su parte, el juez de distrito James Boasberg se declaró este viernes sin competencia para intervenir, argumentando que los detenidos están en Texas.

Las preocupaciones surgen porque, sin intervención judicial, cientos podrían ser enviados a una vida de sufrimiento en El Salvador sin la posibilidad de impugnar su deportación.

¿Más deportaciones a la vista?

Durante la audiencia, un abogado del Departamento de Justicia mencionó que no hay vuelos de deportación programados para este fin de semana, aunque el gobierno se reserva el derecho de realizarlos. Esta incertidumbre ha generado preocupación entre los abogados de los detenidos, quienes están listos para presentar nuevas peticiones judiciales si es necesario.

Mientras tanto, Trump manifestó su desconocimiento acerca del caso y afirmó que si se trata de "gente mala", podría aprobar su deportación, levantando aún más las alarmas sobre su gestión en temas de inmigración.