El 21 de octubre de 2024, la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) decidió tomar acciones legales en contra de Larraín Vial Activos Administradora General de Fondos y varios de sus directores, entre ellos Andrea Larraín Soza, Sebastián Cereceda Silva, José Correa Achurra, Jaime Olivera Sánchez-Molir y Andrés Bulnes Muzard. Esta decisión se enmarca dentro de un procedimiento sancionatorio relacionado con el Fondo de Inversión Capital Estructurado I.

La CMF ha acusado a los directores de Larraín Vial Activos de no garantizar que las operaciones del fondo cumplieran con las normativas vigentes, así como de permitir operaciones que no beneficiaban únicamente a los inversionistas. Además, se les acusa de proporcionar información confusa a los aportantes, lo que podría haber llevado a errores de interpretación, y de no prevenir irregularidades en la comercialización y valoración del fondo, rompiendo así sus obligaciones de supervisión y transparencia.

En respuesta a estas acusaciones, los exdirectores de la AGF presentaron el 13 de diciembre un extenso documento de 93 páginas en el que critican severamente la actuación de la CMF. En este texto, que ha sido revisado por Pulso, los exdirectivos argumentan que el fondo se creó originalmente como una solución financiera para reestructurar las deudas de Inversiones San Antonio Limitada, una entidad con problemas significativos de liquidez. El objetivo era consolidar las obligaciones financieras, permitiendo a los acreedores capitalizar sus créditos y participar indirectamente en Grupo Patio, un conglomerado que maneja más de 150 activos inmobiliarios valorados en más de US$ 3.000 millones en varios países, incluidos Chile y Estados Unidos.

Las críticas hacia la CMF por parte de los exdirectores son contundentes. Rechazan las acusaciones, sosteniendo que no tienen fundamento sólido y que la Comisión ha mostrado “una grave falta de control y fiscalización” sobre STF Corredores, un actor clave en este caso. Argumentan que la CMF ya conocía las irregularidades de STF desde 2022 y no tomó ninguna medida al respecto, permitiendo que un intermediario en incumplimiento siguiera operando, lo que ha causado pérdidas a muchos inversionistas.

Los exdirectores también lanzan graves acusaciones sobre la actitud 'condescendiente' de la CMF hacia STF Corredores, mencionando que, a pesar de recibir información financiera no auditada, la Comisión no restringió sus operaciones.

STF fue la corredora involucrada en ofrecer cuotas del Fondo de Inversión Capital Estructurado I a sus clientes, quienes ahora enfrentan pérdidas millonarias y han presentado acciones legales contra Larraín Vial. Se ha informado que la gestora está buscando un acuerdo de reparación que podría superar los $3.000 millones.

Los ejecutivos de Larraín Vial, aunque ya fuera del directorio de la AGF, continúan desempeñando roles importantes en el grupo y han denunciado que la acusación de la CMF demuestra un sesgo en su contra. Según ellos, la autoridad ha utilizado un lenguaje cargado y subjetivo en sus acusaciones, lo que ha contaminado el procedimiento.

Además, cuestionan la falta de coherencia en la aplicación de criterios de transparencia por parte de la CMF y la decisión de no levantar la reserva de información sobre STF, permitiendo que las irregularidades persistieran. Este fallo, argumentan, es el mismo que ahora utilizan para exigir responsabilidades a Larraín Vial.

Larraín Vial Activos AGF ha expresado su preocupación por las filtraciones de contenido reservado, así como por la interpretación de su labor como directores. En el documento presentado, señalan que su rol no consiste en asegurar resultados específicos, sino en establecer directrices estratégicas y supervisar el cumplimiento de la normativa.

La controversia pone de manifiesto la fragilidad del sistema financiero y la necesidad urgente de una regulación más estricta y efectiva. Como cita el escrito de defensa: “Si la CMF hubiera cumplido a tiempo su deber de fiscalización sobre STF Corredores, el Fondo no se habría creado y este Oficio de Cargos no existiría.”

La comunidad financiera ahora se pregunta: ¿podría esta situación haber sido evitada con una advertencia oportuna por parte de la CMF? Esta falta de acción ha dejado a muchos inversionistas en una posición vulnerable y ha planteado serias dudas sobre la efectividad de la regulación en el país.