La Corte Suprema ha tomado una decisión sin precedentes al confirmar, por unanimidad, el desafuero de la diputada Catalina Pérez, quien es conocida por su pasado como militante del Frente Amplio. Este caso, relacionado con un escandaloso fraude al fisco que asciende a $426 millones, ha sacudido los cimientos de la política chilena.

La resolución respalda el fallo anterior de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, permitiendo que la Fiscalía inicie oficialmente el procedimiento legal en su contra. "Atendido el mérito de los antecedentes y considerando que las alegaciones presentadas no desvirtúan lo resuelto, se confirma la sentencia de la Corte de Apelaciones de Antofagasta", manifestó María Soledad Melo, vocera de la Corte Suprema.

Daniel Martorell, consejero del Consejo de Defensa del Estado, afirmó que el tribunal tomó en cuenta las alegaciones de la Fiscalía y la defensa antes de ratificar el desafuero. "El Ministerio Público solicitará las medidas que correspondan según su teoría del caso. La calificación que hemos dado de cómplice se mantiene, y esto implica que las medidas cautelares a solicitar serán menos severas que las de un autor", explicó Martorell.

El fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro, anunció que "próximamente se solicitará al Juzgado de Garantía la audiencia de formalización, donde se comunicarán los cargos a la diputada Pérez y se solicitarán las medidas cautelares pertinentes".

Las acusaciones indican que Catalina Pérez intervino para beneficir a la organización Democracia Viva con fondos públicos. Esta fundación era liderada por su pareja en ese momento, Daniel Andrade, quien junto a otros excolaboradores, como Carlos Contreras y Paz Fuica —todos ellos exmilitantes de Revolución Democrática— se encuentran en el centro de la investigación.

Por otra parte, el abogado de defensa, Gonzalo Medina, ha defendido la inocencia de Pérez, asegurando que los datos en la carpeta de investigación apuntan a que ella no tuvo ningún papel en la gestión de los convenios, rechazando cualquier intervención punible en la celebración de estos contratos.

Frente a la posibilidad de que Pérez sea recluida, Medina subrayó que "la diputada ha cooperado continuamente con la investigación, que está prácticamente finalizada, y no hay justificación para solicitar una medida cautelar severa, ya que no hay motivos para pensar que se eluda el proceso".

Este caso, que sigue desarrollándose, promete más sorpresas y ha generado un intenso debate sobre la corrupción en la política chilena. ¿Podrá Catalina Pérez demostrar su inocencia o este será el fin de su carrera política? La población está atenta a cada nuevo avance en este escandaloso asunto.