El caso de violación grupal que involucra a un grupo de exacadetes de Cobreloa ha tomado un rumbo inesperado debido a una serie de errores que podrían tener graves consecuencias. Al parecer, la historia de errores de la Fiscalía no tiene fin.

En septiembre de 2021, una joven de 18 años denunció haber sido víctima de violación grupal. Aunque inicialmente se desisitó de la denuncia y se cerró el caso, la investigación fue reabierta tras la aparición de irregularidades. Esto llevó a la detención de nueve futbolistas en diversas partes del país.

Sin embargo, a medida que avanzaba el proceso, nuevas fallas salieron a la luz. En un sorprendente giro de los acontecimientos, se reveló que la Policía de Investigaciones (PDI) había perdido una evidencia clave: el vestido que la denunciante llevaba el día del incidente. Además, los acusados parecían disfrutar de privilegios inusuales durante su prisión preventiva.

Recientemente, cuando el caso estaba listo para entrar en la etapa de juicio oral, un nuevo error cometió la Fiscalía. El juez Sergio Rojas, durante una audiencia preparatoria, notó que el fiscal Eduardo Peña no había proporcionado todos los datos necesarios a la defensa, lo que vulneró los derechos de los acusados.

Esto resultó en la reprogramación del juicio para el 29 de septiembre. Pero más alarmante fue que los abogados de seis de los nueve imputados solicitaron una modificación de su medida cautelar, alegando que su tiempo en prisión preventiva desde mayo de 2024 era excesivo. El tribunal accedió a esta solicitud y ordenó su liberación con arresto domiciliario.

La decisión fue apelada por la Fiscalía y la parte querellante, y ahora todos esperan que la Corte de Apelaciones de Antofagasta evalúe nuevamente la situación.

Fuentes indican que el descontento hacia la Fiscalía es palpable, sobre todo porque hubo un reclamo previo donde el tribunal exigió que se entregaran todos los antecedentes. Esto ha llevado a la posibilidad de que se presenten nuevas acciones legales.

El juez Rojas expresó su preocupación en su resolución del 26 de agosto, evidenciando que el Ministerio Público no presentó la carpeta investigativa completa en varias ocasiones clave. Se destacó que la falta de diligencia del fiscal Peña fue evidente, ya que presentó informes y declaraciones importantes solo en el último minuto.

La situación es crítica, y el juez dejó claro que la complejidad del caso y la tardanza del Ministerio Público han afectado la condición legal de los acusados, lo que podría resultar en consecuencias devastadoras para la administración de justicia.

Este escándalo pone en tela de juicio la eficacia de la Fiscalía y plantea serias dudas sobre el futuro del caso. Con una situación tan convulsa, ¿qué se puede esperar de la justicia en este país?