Hace más de tres años, en la madrugada del 18 de septiembre de 2021, los Carabineros de Calama recibieron y custodiaron prueba crucial en el caso de una joven de 21 años que denunció una violación grupal perpetrada por nueve cadetes del club Cobreloa. La evidencia en cuestión es un vestido negro que ella portaba la noche en que sufrió el ataque.

Un informe detalla que a las 04:10 horas de esa madrugada, los oficiales llegaron al Hospital Dr. Carlos Cisternas y recogieron el vestido, descrito por la víctima como un 'vestido negro corto con tirantes de lycra, sin estampados'. Sin embargo, a pesar de su importancia, la policía ha perdido el rastro de esta crucial evidencia. Desde la formalización de los acusados, semanas después del incidente, la pista del vestido se ha esfumado como un mito urbano.

Este escándalo ha desencadenado una serie de repercusiones serias. Según informa La Tercera, la Policía de Investigaciones (PDI) reportó oficialmente que el vestido estaba extraviado, lo que ha impedido la realización de análisis forenses solicitados por la defensa de la víctima. Este hecho ha enfurecido a quienes luchan contra la impunidad y ha elevado las tensiones en la comunidad.

Como consecuencia de la pérdida de esta evidencia, el 29 de mayo se abrió un sumario administrativo dentro de la PDI para investigar a los responsables. En paralelo, el Ministerio Público ha iniciado una investigación penal que aún se mantiene vigente, aunque sin mayores aclaraciones sobre los avances de la misma.

Patricia Muñoz, abogada de la víctima, ha expresado su indignación: 'La pérdida de evidencia en investigaciones penales es extremadamente grave. La policía debe no solo recuperar evidencia, sino garantizar su custodia para facilitar el proceso judicial'. Asimismo, dejó claro que la improcedente conducta de la PDI en este caso demuestra una negligencia alarmante, evidenciada por el hecho de que la víctima tuvo que pedir atención para su denuncia y fue ignorada durante mucho tiempo.

La abogada espera no solo que se realice una investigación exhaustiva sobre lo ocurrido, sino que también se impongan sanciones adecuadas a aquellos que fallaron en sus responsabilidades. Aunque se enfrenta a obstáculos significativos, Muñoz aseguró que la solidez del caso no ha disminuido, ya que la participación de los acusados en el crimen se mantiene intacta.

Este no es el primer caso de irregularidades. Después de presentar su denuncia, la víctima fue presionada por funcionarios para desistirse, lo que generó una ola de críticas y denuncias internas que resultaron en la sanción de dos detectives de la PDI. Este flaco favor a la justicia plantea cuestiones serias sobre la integridad del sistema y la necesidad urgente de reformas significativas.

Con estos nuevos giros en el caso, la opinión pública y las organizaciones de derechos humanos están exigiendo accountability y medidas efectivas para prevenir que estos errores se repitan. Este escándalo pone en tela de juicio la confianza en las instituciones y la protección de las víctimas dentro de un sistema legal que aún lucha contra la desconfianza y la impunidad.