La Municipalidad de Vitacura ha dado un paso sorprendente al presentar una querella contra Manuel Guerra, exfiscal regional oriente. Este movimiento legal fue aceptado por el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago y se formalizó a través de Sandra Ponce de León, directora de asesoría jurídica, y el abogado Alejandro Espinoza. La causa es una supuesta violación de secretos en el contexto de delitos de lavado de activos y otras irregularidades cometidas durante la gestión de autoridades locales.

Los antecedentes se remontan al 22 de julio de 2021, cuando el municipio denunció una serie de delitos relacionados con el Consejo Local de Deportes y organizaciones como Vitasalud y Vitadeportes. En ese momento, Guerra era el Fiscal Regional Metropolitano Oriente, y supervisaba a los fiscales de la Fiscalía de Las Condes, quienes estaban involucrados en la investigación.

El drama se intensifica a partir de una autodenuncia realizada el 18 de agosto de 2021 por Antonia Larraín Prieto, exdirectora de desarrollo comunitario. En sus declaraciones, afirmó que entregó dinero robado en sobres al entonces alcalde Raúl Torrealba, conocido popularmente como “El Tronco”. Como resultado, el 15 de junio de 2023 se inició una investigación formal contra Torrealba y varios exfuncionarios implicados.

El rotativo The Clinic reveló en octubre pasado controversiales conversaciones entre Guerra y el abogado Luis Hermosilla, actualmente tras las rejas. En estos chats, Guerra parece expresar preocupación por la situación del exalcalde, sugiriendo que la situación legal podría agravarse si avanzan las acciones en su contra.

En otro intercambio, donde se menciona a un abogado llamado Darío Calderón y a otros actores, Guerra sugiere la necesidad de un equipo de investigación más enérgico y competente, revelando que había obtenido información delicada que debería haber mantenido en secreto. La AMSZO, de la que Guerra es miembro tras su salida del Ministerio Público, también fue mencionada.

Los detalles de las conversaciones son impactantes. Guerra revela que, a pesar de que la municipalidad enfrenta escasez de recursos rastreables, hay indicios de transacciones irregulares, incluso menciona que se encontraron siete millones de pesos en efectivo en la casa de Torrealba. Asimismo, se menciona que Larraín recibía mensualmente cinco millones de pesos en efectivo, que entregaba al exalcalde, lo que eleva las alarmas sobre un posible esquema de corrupción dentro de la municipalidad.

Ante este panorama, los denunciantes han solicitado que la Brigada Anticorrupción de la PDI inicie una investigación a fondo y que se cite a declarar tanto a Guerra como a Hermosilla. También han instado a la Fiscalía Oriente a revelar los nombres de todos los funcionarios que tuvieron acceso a la carpeta de investigación relacionada con Torrealba, lo que podría implicar serias repercusiones para muchos en la esfera pública.

Aunque la querella fue dirigida a la Fiscalía de Las Condes, es probable que sea remitida a la Fiscalía Regional de Arica y Parinacota, dado que está en curso otra investigación relacionada con la conducta de Guerra, ordenada por el fiscal nacional, Ángel Valencia.

Por su parte, el abogado de Guerra, Felipe Polanco, se ha negado a comentar sobre la querella, enfatizando la decisión estratégica de mantener silencio mientras se desarrollan los acontecimientos en la investigación. La situación no solo afecta a Guerra, sino que podría tener un impacto considerable en la política local, generando más titulares y revelaciones en el futuro.