Recientemente, un impactante video ha circulado en las redes sociales, mostrando a dos funcionarios de seguridad municipal golpeando brutalmente a un hombre. Este, en una posición fetal y sin ofrecer resistencia, sufrió al menos 27 golpes con un bastón y 3 con un tronco, mientras los agresores proferían amenazas de muerte y lo interrogaban sobre incidentes pasados. Este inquietante suceso pone en evidencia la creciente preocupación por el abuso de poder en estas instituciones.

Las fuerzas de orden y seguridad tienen la responsabilidad de seguir estrictas reglas y principios al usar armas, sean letales o no. Estos principios, indispensables para asegurar la legalidad, proporcionalidad, necesidad y precaución, necesitan ser cumplidos por todos, incluidos los inspectores municipales. Sin embargo, la reciente violencia documentada nos lleva a cuestionar: ¿por qué algunos de ellos parecen estar exentos de seguir estas normas?

La formación de la policía y otros cuerpos de seguridad debería incluir un enfoque fundamental en los Derechos Humanos. Esta capacitación no solo debe abarcar usos permitidos de la fuerza, sino también protocolos claros y accesibles que guíen el comportamiento de los funcionarios en situaciones críticas. La evidencia de inspectores golpeando a un individuo indefenso no solo carece de justificación, sino que también puede ser considerada tortura. Este tipo de comportamiento no solo contraviene los derechos de la persona agredida, sino que también pone en mayor riesgo la seguridad pública al socavar la confianza entre la ciudadanía y las autoridades.

El Comité para la Prevención de la Tortura de Chile expresa su profunda preocupación por el hecho de que los protocolos y la capacitación relativos al uso de la fuerza por inspectores municipales no se estén alineando con los estándares internacionales de Derechos Humanos. Es fundamental que se implementen medidas efectivas para frenar estos abusos y asegurar que todos los agentes del estado actúen bajo principios éticos y respeten la dignidad humana. La sociedad no puede permitirse que la violencia se normalice dentro de las instituciones encargadas de protegerla. ¡Es hora de tomar acciones decisivas para prevenir estos atroces actos!