El 2 de marzo de 2022, los ciudadanos de Rancagua y Machalí fueron testigos de una impactante acción policial: numerosos funcionarios de la Fiscalía de Alta Complejidad llevaron a cabo allanamientos simultáneos en diez ubicaciones, que incluían la Municipalidad de Rancagua, la Corporación Municipal educacional, diversas empresas privadas y el hogar del exalcalde Juan Ramón Godoy Muñoz.

Esta intervención formó parte de una profunda investigación en contra del exalcalde, quien fue formalizado el 9 de abril de 2023, enfrentando graves acusaciones de cohecho, fraude al fisco, malversación de fondos públicos y lavado de activos. Actualmente, Godoy se encuentra en prisión preventiva, siendo su libertad considerada como un peligro para la seguridad de la sociedad y esencial para el éxito de la investigación.

La trama de este caso se desató tras las denuncia de cuatro concejales ante la Contraloría, organismo que, en un informe emitido a finales de diciembre de 2022, reveló irregularidades que podrían ascender a cifras millonarias. Se detallaron contratos directos sin justificación que sumaban $317 millones, negociaciones sin cotizaciones previas alcanzando $2.000 millones, pagos por servicios no ejecutados de $11 millones, sobrepagos por $30 millones y una serie de pagos injustificados que sumaban otros $45 millones. La cifra total de defraudación calculada por la Fiscalía asciende a la sorprendente suma de $2.300 millones.

Sin embargo, la defensa de Godoy insiste en que no se cometió ningún delito y que su libertad no representa un riesgo para la sociedad. Este jueves, su equipo legal estará presente en la Corte Suprema para solicitar la revisión de la medida de prisión preventiva, pidiendo que se le imponga una medida menos severa mientras continúa la investigación.

Hugo Zamorano Galán, abogado de Godoy, declaró a la radio Bío Bío que: “Después de siete meses de investigación, con plazos ampliados en tres ocasiones sin que el Ministerio Público pueda finalizar la investigación, nuestro cliente tiene derecho a un juicio oral para demostrar que los hechos que se le imputan no constituyen delito, ya que no participó en ninguna de las compras públicas mencionadas.”

Las batallas legales

El primer intento para modificar la medida cautelar de Godoy se realizó mediante una apelación ante la Corte de Apelaciones de Rancagua, la cual fue desestimada el 17 de octubre. Inmediatamente después, se presentó un recurso de amparo en la Corte de Apelaciones de Talca, que también fue rechazado una semana después.

Zamorano argumentó que no existieron delitos de lavado de activos y que Godoy no participó en la malversación de fondos. Además, enfatizó que el cargo más grave debía ser discutido en el juicio, y sería el único por el que podría enfrentar pena, sugiriendo falta de fundamentos suficientes para mantener la prisión preventiva.

No obstante, tres ministros de la Corte de Apelaciones de Talca decidieron mantener la prisión preventiva, sustentando que las decisiones previas estaban bien fundamentadas y que persistían los riesgos que justificaban la medida.

No obstante, Godoy aún tiene una última oportunidad: la Corte Suprema. Su defensa presentó un nuevo recurso el 30 de octubre, reiterando los argumentos anteriores. Este lunes, el Presidente de la Corte Suprema, Ricardo Blanco Herrera, programó una audiencia de manera extraordinaria para discutir el caso. La atención se centrará en lo que el abogado Zamorano exponga durante su intervención de 20 minutos, mientras que el abogado opositor, Pablo Berwart Tudela, también presentará sus argumentos.

Este caso ha captado la atención de los medios y la ciudadanía, y su desenlace promete ser uno de los más controvertidos en la política chilena reciente, desatando interrogantes sobre la transparencia en la administración pública y la justicia en el país.