La Constructora Sudamericana Chile, conocida como Cosud, ha sorprendido a todos al demandar a la Municipalidad de Las Condes por incumplimiento de contrato, exigiendo el pago de indemnizaciones que superan los $2.150 millones. Este conflicto surge tras la finalización de un proyecto de integración social ubicado en la Avenida Cristóbal Colón N° 7.337, el cual consistió en un edificio de 15 pisos destinado a 85 viviendas sociales.

La empresa alega que la municipalidad no ha cubierto los costos de obras extraordinarias y adicionales que fueron necesarias durante la construcción del edificio, específicamente durante las complejas etapas de la pandemia. Cosud también demanda que el municipio asuma el aumento de precios en los materiales que experimentó el sector durante esa crisis sanitaria.

Es interesante mencionar que, aunque la demanda se presenta ahora, se ejecutó inicialmente bajo la administración del exalcalde Joaquín Lavín, y actualmente está bajo la gestión de Catalina San Martín. Además, no es la única controversia legal que rodea al municipio de Las Condes, ya que la Inmobiliaria Nueva El Golf ha demandado también al municipio por $10.000 millones, después de que se detuvieran las obras de un complejo de edificios en el estratégico barrio El Golf.

Cosud señala que el 20 de diciembre de 2019, la municipalidad adjudicó la licitación para el edificio a la empresa, a un precio fijo de $10.961 millones, en un proceso donde compitieron otras dos constructoras. La adjudicación incluía un centro comunitario de cinco pisos y un auditorio municipal.

El contrato, según afirma Cosud, se ha ejecutado de acuerdo con los términos pactados, habiendo superado varias modificaciones y suspensiones, todas reconocidas por la administración municipal. La empresa destacó que las paralizaciones fueron resultado de las cuarentenas impuestas por la autoridad sanitaria, las cuales dificultaron significativamente la continuidad de las obras.

El impacto económico de la pandemia ha sido un tema candente, y la constructora recalca que, dado el alza en los costos de construcción durante este periodo, es responsabilidad del municipio hacerse cargo de las implicaciones financieras derivadas de la crisis. La defensa de Cosud argumenta que sería injusto que fueran los contratistas quienes sufran las consecuencias económicas de decisiones que escapan a su control.

Cabe destacar que la auditoría realizada por la Contraloría a la Municipalidad de Las Condes, en enero de 2023, ya ponía en tela de juicio pagos por $202 millones a la constructora, lo que añade otra capa de complejidad a este conflicto.

Cosud concluyó su demanda pidiendo que se apliquen los reajustes pertinentes al contrato, dado que el Estado de Chile ha dictado normas que permiten ajustar los precios de los contratos en un 20% como respuesta a las dificultades impuestas por las medidas sanitarias. La constructora insiste en que no debería ser la única en cargar con estas pérdidas, ya que esto comprometería el equilibrio contractual.

El pasado 3 de febrero, el municipio fue notificado de la demanda, y, debido a su falta de respuesta en el plazo establecido, fue declarado en rebeldía por el tribunal encargado del caso. ¿Qué significará esto para el futuro de la construcción en Las Condes y para los proyectos de integración social en el país? El desenlace de esta disputa será crucial para el sector.