La controversia en torno a los 17 millones de pesos mensuales que recibió Marcela Cubillos por su trabajo en la Universidad San Sebastián sigue generando reacciones y polémica en el ámbito político y académico.

La candidata a alcaldesa de Las Condes enfrenta una creciente presión desde varios sectores, incluyendo miembros de su propio partido, quienes han criticado duramente la extraordinaria remuneración que percibía. A esto se suma una denuncia formal presentada por diputados del Partido Socialista ante la Fiscalía, instando a investigar posibles irregularidades en el proceso de contratación de Cubillos.

En respuesta a estas acusaciones, Cubillos sostuvo: “No sé qué pretende la izquierda, en Chile hay libertad de trabajo”. Sin embargo, la situación se complica aún más con nuevos antecedentes que surgen sobre su contratación.

Alejandro Pérez, socio de la corporación San Sebastián, compartió detalles explosivos en una entrevista con el diario El Mercurio. Según Pérez, Cubillos se unió a la universidad en 2020, coincidiendo con la llegada de Andrés Chadwick como decano de la Facultad de Derecho. En una situación preocupante de estancamiento de la facultad, le propusieron a Chadwick considerar la incorporación de Cubillos para revitalizar la institución, comenzando con un sueldo inicial de 3.5 millones de pesos.

Precisamente, Pérez reveló que las negociaciones para aumentar su jornada laboral y sueldo comenzaron a fines de 2021, y que esto ocurre justo en un momento en que Cubillos comenzó a mostrar interés en otras oportunidades laborales. “Se le ofreció pasar a jornada completa y liderar la parte editorial de nuestras publicaciones”, aclaró. Esta propuesta coincidía con sus intenciones de escribir sobre la reforma educacional de la presidenta Bachelet y su experiencia en la Convención Constitucional.

Es crucial recordar que Marcela Cubillos fue convencional constituyente de julio de 2021 a julio de 2022, lo que plantea un interrogante sobre las conversaciones que pudieron haber tenido lugar mientras ella redactaba la nueva propuesta constitucional, la cual terminó siendo rechazada por la ciudadanía.

Pérez también sugirió que Cubillos pudo haber estado percibiendo su alto sueldo desde principios de 2022 hasta mediados de 2024, lo que implica que estos pagos millonarios podrían haberse iniciado mientras todavía ocupaba su cargo como constituyente.

Un aspecto notable discutido por Pérez es que la Convención Constitucional, de acuerdo a sus normas, solo permitía a los convencionales ejercer actividad académica limitada, lo que hace que la oferta de 17 millones de pesos mensuales a Cubillos sea aún más cuestionable. Esto revela una posible falta de transparencia y serias implicaciones de ética en su contratación.

Sin lugar a dudas, el caso de Marcela Cubillos no solo está generando un amplio debate sobre la remuneración en el ámbito académico, sino que también plantea serias dudas sobre la probidad y la ética de las decisiones tomadas al interior de la Universidad San Sebastián. La sociedad chilena observa con atención cómo se desenvuelven los acontecimientos en este caso que podría tener profundas repercusiones en la política del país.