La recientemente divulgada filtración de chats entre la presidenta de la Cámara de Diputados, Karol Cariola, y la exalcaldesa de Santiago, Irací Hassler, ha desatado una tormenta política. Ante la gravedad del asunto, la Fiscalía Regional de Coquimbo ha decidido iniciar una investigación de oficio por “eventuales filtraciones de antecedentes.”

El Ministerio Público ha señalado que se encuentra en curso una carpeta investigativa vigente, la cual está protegida bajo el artículo 182 del Código Procesal Penal, lo que implica que debe manejarse con la máxima reserva.

En los últimos días, varias conversaciones entre Cariola y Hassler han salido a la luz, destacando la más reciente, que incluye la controversia sobre la incorporación de miembros del equipo de la diputada en cargos municipales. Además, los chats revelan mensajes despectivos hacia el gobierno del presidente Gabriel Boric, lo que ha encendido aún más el debate político en el país.

La Fiscalía ha expresado su compromiso con la protección de la información sensible en las investigaciones y ha hecho un llamado a la responsabilidad en el manejo de datos que estén sujetos a reserva legal. La divulgación inapropiada de esta información podría perjudicar no solo la dignidad de los involucrados, sino también el funcionamiento de las investigaciones y la administración de justicia en general.

Este sábado, la defensa de Karol Cariola ha respondido a la filtración, sugiriendo que la Fiscalía debería instruir al fiscal Pasten —quien se ocupa de investigar las constantes filtraciones en casos complicados— para que se aborde este “flagrante desprecio” hacia los jueces y la ciudadanía. Según ellos, el juez Cayul ya había ordenado que no se filtrara el informe no editado que se había puesto a disposición en reserva, en relación con asuntos personales y políticos de los involucrados que carecen de interés penal.

Además, su defensa enfatiza que el informe filtrado solo estaba en posesión del “fiscal Cooper, de la PDI, del tribunal y una defensa en la causa Sierra Bella.” Por ello, critican que todavía no cuentan con acceso al informe completo y califican esta situación como un grave desacato que debe ser sancionado. Insisten en que están evaluando las acciones legales que puedan interponer en respuesta a esta situación.

Este escándalo pone de manifiesto la fragilidad de la privacidad en las investigaciones penales y la necesidad urgente de abordar las filtraciones de información dentro del sistema judicial chileno. ¡Las repercusiones políticas son inciertas y todos los ojos están puestos en cómo se desarrollará esta historia!