La suspensión del cobro de $11 millones

La Municipalidad de Santiago ha decidido suspender el cobro de $11 millones en horas extras irregulares que el diputado Agustín Romero, del Partido Republicano, debe al municipio. Este caso ha emergido como un tema candente en los medios, levantando interrogantes sobre la transparencia en la gestión pública.

Acusaciones contra Agustín Romero

Romero, quien ocupó el cargo de jefe jurídico en el municipio durante la administración de Felipe Alessandri (RN), fue acusado de haber cobrado horas extras que finalmente fueron objetadas por la Contraloría en 2021. Este tipo de irregularidades no son nuevas en la política chilena, pero el monto adeudado ha generado gran preocupación entre los ciudadanos.

Acuerdo para suspender el cobro

De acuerdo a las revelaciones de Fast Check, bajo la administración del actual alcalde Mario Desbordes (RN), se llegó a un acuerdo para suspender el cobro del monto adeudado. La suma precisa es de $11.320.978, que ha sido confirmada en una solicitud presentada ante la Corte de Apelaciones de Santiago, la cual validó la suspensión del cobro.

Proceso de cobro reanudado en marzo

El documento presentado indica que el proceso de cobro se reanudará en marzo, indicando que “de mutuo acuerdo, venimos a suspender el procedimiento en curso por 60 días hábiles contados desde la fecha de presentación del presente escrito.” Este acuerdo ha suscitado críticas, ya que refleja la percepción de que los políticos pueden ganar favores en situaciones que deberían ser más estrictas.

Reacciones y cuestionamientos

Desde el municipio, se ha declarado que la nueva administración no tiene la intención de modificar el rumbo de estas acciones legales, lo que genera preguntas sobre la verdadera voluntad de hacer justicia en este caso.

Expectativas de la ciudadanía

Los ciudadanos se preguntan: ¿es esto un simple alivio temporal para el diputado Romero o se le estará dando una salida fácil a un escándalo que merece mayor escrutinio? La situación ha capturado la atención de la opinión pública y es un recordatorio de la necesidad de mayor rigor en la fiscalización de los actos de los servidores públicos. La historia continúa desarrollándose, y muchos esperan que se haga justicia.