Un impactante caso ha sacudido los cimientos del sistema judicial en Chile, donde el juez Reynaldo Oliva Lagos enfrenta graves acusaciones de abuso sexual y comportamientos inadecuados con menores de edad. La fiscalía judicial, liderada por Juan Manuel Escobar Salas, ha propuesto la máxima sanción posible: una suspensión de cuatro meses de sus funciones, a la espera de que la Corte de Apelaciones de Arica tome una decisión definitiva.

Durante tres meses de investigación, se revelaron ‘conductas inmorales’ por parte de Oliva, quien interactuó a través de chats de naturaleza sexual con menores mientras ejercía su labor en la ciudad de Concepción. A pesar de su pasado oscuro, Oliva ascendió profesionalmente y asumió como ministro de la Corte de Apelaciones de Arica en agosto de 2023, donde mantuvo un comportamiento aparentemente normal hasta que las denuncias comenzaron a salir a la luz.

Las indagaciones incluyen testimonios de sacerdotes, laicos y carabineros, además de las mismas víctimas, lo que llevó a la solicitud de suspensión por parte del fiscal judicial. El informe de la indagatoria, que incluye más de 600 páginas, abre la puerta a posibles consecuencias mucho más severas, incluyendo la remoción de Oliva del Poder Judicial.

El 1 de julio, tras la publicación de un reportaje que describía los abusos, la Corte de Apelaciones de Arica decidió iniciar un proceso disciplinario. Este procedimiento se concluyó recientemente y está basado en evidencia contundente que documenta chats incriminatorios y acusaciones de abuso sexual que datan de cuando Oliva también era diácano en el arzobispado de Concepción.

Oliva ha argumentado que sus acciones fueron el resultado de 'torpezas', insistiendo en que nunca hubo intención delictiva. Sin embargo, la Iglesia Católica ha sido criticada por su inacción ante estas denuncias, que fueron ignoradas por más de una década.

Además, Oliva ya fue sometido a otra investigación interna por hacer comentarios sexualmente sugestivos a una niña de seis años, hija de un funcionario del tribunal, unos meses antes de asumir su puesto. En este caso, fue una denuncia directa del padre la que llevó a la Corte de Apelaciones de Iquique a considerar la gravedad de estos hechos, que afectan la dignidad del cargo que ocupa. A pesar de la seriedad de las acusaciones, la sanción aplicada fue únicamente una amonestación privada.

Actualmente, Oliva continua bajo la sombra de una causa penal abierta, que aún tiene diligencias pendientes bajo la supervisión de OS9 de Carabineros. La comunidad espera que se haga justicia mientras la justicia misma enfrenta un serio dilema moral en este escándalo que ha conmocionado a la nación.