La investigación en torno a la polémica compra del sistema de interceptación telefónica Vigía Elite Advanced, que costó alrededor de un millón de dólares al Ministerio Público en 2019 y que jamás fue utilizado, ha dado un giro inesperado.

Carolina Zavidich, una funcionaria clave de la Fiscalía Nacional (FN) responsable del área de interceptaciones y cuyo celular fue incautado, está casada con Patricio Gonzáalez Schiavetti, reveló la investigación de Ciper. Este abogado mantiene estrechos lazos profesionales con el penalista Luis Hermosilla y es socio del exministro del Interior, Andrés Chadwick.

González no solo colaboró en el estudio jurídico de Hermosilla, sino que también ocupó un rol importante como asesor del Ministerio del Interior durante la gestión de Chadwick. Su trabajo incluía abordar el desarrollo institucional de la Policía de Investigaciones (PDI), organismo que, curiosamente, adquirió servicios de soporte para el mismo software mediante una importación directa valorada en $58 mil en 2020, un año después de la compra inicial.

El fiscal José Morales, quien lleva las riendas de la investigación, ordenó la confiscación del teléfono, computador y disco duro de Zavidich. No obstante, el caso fue transferido a la Fiscalía de Los Ríos por el fiscal nacional Ángel Valencia, antes de que Morales tuviera la oportunidad de acceder a la información en los dispositivos. La causa ahora está bajo la tutela de Tatiana Esquivel, quien ha declarado el proceso como reservado.

Las implicaciones son serias: Ciper ha confirmado que el celular de Zavidich podría contener información crucial no solo sobre el polémico software, sino también sobre comunicaciones relacionadas con Hermosilla, Chadwick y Francisco Feres, un conocido lobista del proyecto Parque Capital. Curiosamente, Feres fue socio de González Schiavetti en una consultora que se formó en enero de 2023, de la cual se retiró dos meses después.

Una red de conexiones compleja

Patricio González Schiavetti y Andrés Chadwick están aliados en la empresa Asesorías Profesionales Limitada, establecida en diciembre de 2022 con un capital de $2 millones, donde Chadwick invirtió $1.9 millones y gestiona la firma. Además, su oficina se encuentra en la misma dirección que compartían con Hermosilla en Alonso de Córdoba.

La relación profesional entre González y Chadwick se forjó durante sus colaboraciones en el Ministerio del Interior en los gobiernos de Sebastián Piñera, lo que añade una capa más al escándalo. En 2013, González trabajó directamente para Chadwick y, entre 2019 y 2020, fue Jefe de la División de Investigaciones de Interior, con un salario de $6,3 millones mensuales, en medio de discusiones sobre el controvertido software.

La situación se complica aún más con la asociación entre González y Francisco Feres, quien ha sido vinculado al proyecto inmobiliario Parque Capital, cuyas aprobaciones son ahora objeto de investigación por parte de la Fiscalía Metropolitana Oriente. Aunque Feres ha declarado que su amistad con González se remonta a sus años universitarios y que no influyó en los permisos del proyecto, los chats revelan que Hermosilla intervino para acelerar la aprobación, lo que genera serias dudas sobre las intenciones detrás de estas conexiones.

El defensor de Chadwick, Samuel Donoso, ha optado por no comentar sobre la situación, aunque aseguró que el exministro no conocía los vínculos de González con Feres y Zavidich. Por su parte, las autoridades de la PDI no han aclarado si González tuvo alguna influencia en la contratación del soporte del software durante su asesoría en el Ministerio del Interior.

Un escándalo que perdura

Además de Zavidich, la investigación también afecta al exfiscal Luis Toledo, quien sugirió la compra del software Vigía, y al exgerente de informática de la Fiscalía, Óscar Zapata. Ambos fueron objeto de incautación de dispositivos electrónicos. Toledo, que había liderado la Unidad Antidrogas, impulsó la adquisición del sistema que continúa sin utilizarse, según documentos analizados.

Parece que el fiscal José Morales solo tuvo en su poder los dispositivos de Zavidich durante dos días antes de que el caso fuera reasignado, dejándolo en un mar de incertidumbres y sospechas. El tiempo dirá si este escándalo tendrá repercusiones duraderas en el sistema judicial chileno.