El gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, ha lanzado un grave cuestionamiento al Ministerio Público por filtraciones de información sensible en el marco de la investigación que involucra a la expresidenta de la Cámara de Diputados, Karol Cariola. Estas declaraciones, realizadas en una entrevista con CNN Chile Radio, han levantado la voz de alarma sobre la integridad del sistema judicial.

Orrego afirmó que el manejo de la información por parte de la Fiscalía es "gravísimo" y compromete seriamente su credibilidad. "Cualquier autoridad, ya sea electa o no, debe ser investigada para aclarar los hechos", subrayó Orrego en referencia a la indagatoria que vincula a Cariola con la exalcaldesa de Santiago, Irací Hassler, en relación con la fallida compra de la Clínica Sierra Bella.

Sin embargo, el gobernador no se limitó a señalar la necesidad de aclarar los hechos, sino que enfatizó la preocupante tendencia de que la información confidencial termine en los medios de comunicación. "Estamos acostumbrándonos a que toda investigación que llega a la Fiscalía se filtra a la prensa. Esto habla muy mal de nuestra institución, carecen de la capacidad para llevar a cabo una investigación en secreto", añadió.

Una de las afirmaciones más controvertidas hechas por Orrego fue la insinuación de que podría haber intereses económicos detrás de estas filtraciones. "Es sorprendente que tanta información aparezca en la prensa. ¿Acaso alguien está moviendo dinero?", cuestionó. Ante la pregunta de si insinuaba que alguien dentro del Ministerio Público podría estar vendiendo información, Orrego no dudó en afirmar que las filtraciones son demasiado frecuentes y eso genera muchas dudas: "¿A alguien le están pagando por dar estos datos? ¿Estamos ante la compra de favores?".

La situación ha generado una ola de reacciones, y muchos observadores exigen una investigación independiente sobre las filtraciones en el Ministerio Público. Se teme que si estas prácticas continúan, la confianza del público en las instituciones judiciales podría verse gravemente comprometida. La Asociación de Fiscales ya ha defendido la integridad de los procedimientos, pero el debate sobre la transparencia y la confidencialidad de las investigaciones judiciales está lejos de terminar. Con cada nueva filtración, la presión sobre la Fiscalía para que rinda cuentas aumenta, y los ciudadanos esperan respuestas.