José Miguel Capdevila, el exembajador chileno en Francia, ha dado un golpe mediático al interponer una demanda de tutela laboral ante el 1° Juzgado de Letras de Santiago, reclamando una indemnización que supera los 240 millones de pesos. Su renuncia, que él califica como ‘no voluntaria’, se debió a un sumario administrativo en su contra por dos denuncias de acoso y maltrato laboral, lo que ha puesto en jaque su carrera de 43 años en el servicio exterior.

La Cancillería ha respondedido a las acusaciones, señalando que la renuncia del diplomático no fue producto del sumario, sino que se basó en la pérdida de confianza del presidente Gabriel Boric. Según fuentes cercanas, esto surgió después de que Capdevila rechazó dos nuevas asignaciones en República Dominicana y Guatemala, pidiendo en cambio dirigir la Dirección de América del Sur bajo "condiciones especiales" que resultaron inaceptables.

En su demanda, Capdevila no se contiene y arremete contra la Cancillería, a la que acusa de una “severa discriminación, maltrato inexplicable y malevolencia”. Además, el exembajador ha revelado que este tumultuoso proceso lo llevó a ser diagnosticado con trastorno de ansiedad generalizada y síntomatología depresiva, y resalta que las consecuencias no afectaron solo a su salud, sino también a su esposa e hija.

Capdevila está representado por Claudio Palavecino Cáceres, un abogado y académico de la Universidad de Chile, conocido por su experiencia en derecho laboral. Este caso está siendo observado de cerca, no solo por el impacto en la carrera de Capdevila, sino también por las implicaciones que tendrá sobre la gestión del gobierno actual y la reputación de la Cancillería chilena.

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